SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente político Guido Gómez Mazara señaló este lunes que los intentos de expulsión y uso “cantinflesco” de la comisión de disciplina del PRD reflejan los miedos de Miguel Vargas Maldonado a enfrentar un proceso de competencia para validar el liderazgo institucional de la organización.
El profesional del derecho advirtió que el control de la formalidad partidaria descansa en un pacto de carácter político establecido desde el año 2010 que permite una presidencia partidaria desprovista de legitimidad y respaldo en la sociedad, pero con cuotas de representación que han garantizado el concurso tanto del Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional que se prestan a darle un tinte de legitimidad, violentando normas y procesos como resultado de “amarres indecentes”.
Gómez Mazara expresó que ante la inminencia de una ley de partidos, la próxima selección de los nuevos integrantes el TSE, Vargas Maldonado intenta acelerar toda expresión de competencia interna en capacidad de desplazarlo de la presidencia del PRD, fundamentando una “acusación” validada por un fiel exponente del proceso de degradación del partido blanco, que ocupa la presidencia del consejo nacional de disciplina junto a cuatro activistas al servicio del administrador de las siglas partidarias, desprovistos del elemental sentido de integridad institucional y conducidos por la orden de su amo político.
“El interés de acelerar la fase acusatoria tiene la intención de que presentemos cualquier recurso por ante un TSE que en el orden personal, todos sus integrantes han sido sometido por ante SCJ por nosotros, dos de sus miembros que aspiraron a la JCE fueron formalmente impugnados por mí, exhibí la fotografía en un lugar público donde el jefe de disciplina del PRD se reunía con un juez del tribunal electoral, lo que provoca una ambientación prejuiciada respecto de litigaciones a conocer por ese tribunal”, dijo el dirigente del PRD.
Estableció que un hecho revelador de los desvaríos existentes en el TSE resultan de la facilidad con que jueces se reúnen, comparten y activan con un sector del entramado partidario sin ningún tipo de limitaciones, y así dañan cualquier intención de procurar una sana administración de los conflictos intra-partidarios.
Además, especificó el rol poco transparente asumido por el titular del Tribunal Constitucional en todo el proceso de validación de Vargas Maldonado.
“Todos los recursos que llegan a ese tribunal concluyen validando al administrador de las siglas del PRD, sin que la ciudadanía conozca las razones ocultas de una protección que cuestiona la integridad del presidente del TC, como resultado de que su esposa es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, con salario de $230,000 pesos mensuales, y tanto la legislación como el elemental sentido de decencia, deben conducirlo a inhibirse en procesos donde participa el dirigente partidario”.
Sin embargo, aseguró que este siempre vota en favor de Vargas Maldonado en las decisiones constitucionales como el expediente TC-04-2015-0188, conocido el año pasado y dado a los medios de comunicación en el último trimestre del 2016″. A tales fines, envió una carta al Tribunal Constitucional.
En ese mismo orden, recordó que nada ni nadie podrá detener la recuperación del PRD y llevarlo a manos con sentido de compromiso real, sin importar la red de complicidades de todo el entramado jurídico-electoral-constitucional, y los intentos de sacar del partido blanco a las voces disidentes, lo único que encontrarán es impugnación y desdén en las filas de la organización y la sociedad.
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