Piden auditar termoeléctrica construye Odebrecht en República Dominicana

Santo Domingo, 25 jun.- El colectivo dominicano Marcha Verde, que surgió este año tras revelarse los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el país, demandó hoy auditar una termoeléctrica que un consorcio, encabezado por la multinacional, construye en el sur de la nación caribeña.

Esto, señaló Marcha Verde, “con el objetivo de pasar de inmediato el contrato de la obra a una empresa cuyos dueños no sean delincuentes internacionales como es el caso de los de Odebrecht”.

Durante un recorrido “casa a casa” por el sector de Los Tres Brazos, en la capital, el colectivo planteó que una vez auditada el contrato de la termoeléctrica, este “sea traspasado mediante licitación a cualquier empresa interesada que cumpla con los requisitos técnicos y éticos”.

Se trata de la central Punta Catalina que construye en el sur del país un consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado en esa nación 92 millones de dólares para acceder a contratos de obras entre 2001 y 2014, caso por el que la Procuraduría imputó a 14 políticos y empresarios funcionario, de los que 8 guardan prisión.

La Procuraduría General de República Dominicana dijo a principios de este mes que no hubo sobornos en el proceso de adjudicación ni en el contrato de esta planta, pero sí en la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional (bicameral).

En un comunicado leído durante la movilización de hoy, Marcha Verde reiteró la solicitud para que el presidente del país, Danilo Medina, sea interpelado ante el Congreso Nacional “para que responda por el uso del dinero de la corrupción en las campañas electorales del 2012 y 2016”.

Marcha Verde, que este año ha realizado cinco marchas multitudinarias para reclamar el fin de la impunidad en el país, reiteró hoy la convocatoria para la movilización del 16 de julio en el Distrito Nacional, centro de la capital dominicana.

Violencia en las escuelas es responsabilidad de todos

Félix Betances

 

Barahona.- La violencia de jóvenes y adolescentes, especialmente en las escuelas, debe ser enfrentado por todos los actores, afirman dos reconocidas profesionales de la conducta en esta ciudad.

 

Así lo consideran Daysi Turbí Mella, encargada Regional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y Annetty Matos, coordinadora de Proyectos de la Primera Infancia. 

 

Participaron como invitadas al programa “Alternativa TV” que producen los comunicadores Omayra Mañán y Dannerys Arias Ramírez, a través del Canal 100 RVIDA-TV.

 

Turbí, señaló la complejidad del tema, debido a que observa descontrol de los padres y tutores en el hogar que, afirma, también, se refleja en  profesores y orientadores en algunas escuelas.

 

Afirmó que la solució a esa problemática no debe ser unilateral, sino que esta debe ser el resultado del concierto de la sociedad que de manera integral debe ver cómo hayar vías para superarlas.

 

Matos, mostró preocupación de cómo se expresa la violencia en niños, niñas y adolescentes, la cual considera una transmisión de conductas aprendidas en el hogar, principalmente en aquellos donde los padres han perdido el control y, "tarde o temprano hace explosión en algún lugar".

 

“Todos tenemos que trabajar para conseguir un cambio de conducta que permita erradicar ese terrible mal”, afirmó.

Hasta cuando ; Autorizan construir pared ilegal a ministro Obras Públicas

Edgar Heredia

 

La Ciénaga, Barahona.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó construir una verja a una empresa, supuestamente vinculada al ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

 

La construcción que viola la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), fue cuestionada y confirmada anoche por fuentes oficiales, que aseguran se permitió construirla a 30 metros del mar, en vez de los 60 establecido, bajo la promesa de que conseguirían un decreto de autorización del Poder Ejecutivo.

La fuente reveló que el ministro Castillo compró y remodela el hotel Baoruco Beach Resort, ubicado en esta comunidad, según el alcalde Kevin Féliz, la verja no fue autorizada por los regidores.

 

El artículo 145 de la Ley 64-00 establece que “los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas pertenecen al Estado dominicano y, por tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

 

En el 146 indica que, el “Estado dominicano asegurará la protección de los espacios que comprenden los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas y garantizará que los recursos acuáticos, geológicos y biológicos, incluyendo flora y fauna comprendidos en ellos, no sean objeto de destrucción, degradación, menoscabo, perturbación, contaminación…”.

 

El 148 de la misma Ley 64-00 dice que “el otorgamiento a particulares de permisos y concesiones para el usufructo y explotación del espacio costero-marítimo y sus recursos, se hará siempre y cuando la valuación ambiental determine la adecuación con la conservación y protección de los mismos”.

 

En tanto que la Ley 305, del 30 de abril de 1968, dispone respetar la franja de los 60 metros como límites para construir a orillas de la costa, playas, ríos, lagos y lagunas.

 

Acusan a Gonzalo

 

El sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de La Ciénaga, responsabilizó al ministro Obras Públicas de la construcción de la pared en bloque y concreto armado de aproximadamente dos metros de altura y más de un kilómetro y medio.

 

El padre Manuel Hidalgo Féliz sostuvo que estas acciones son realizadas para beneficiar la protección de un complejo turístico denominado “Baoruco Beach Resort”, propiedad del ministro Castillo.

 

Calificó  de ilegal la construcción, un abuso de poder del ministro e indicó que la Constitución, en su artículo 14, establece que los recursos naturales no renovables que se encuentran en el territorio y en los espacios marítimos son patrimonio de la nación”.

 

Señala que la elevación de esa pared de concreto impide la vista de la belleza y el paisaje a quienes transitan la zona costera y consideró que estas ejecutorias son sinónimo de abuso de poder, dinero y mando gubernamental de parte del titular de Obras Públicas.

 

El cura párroco manifestó que estas autoridades, que, además, son empresarios privados, quitan y obstruyen la panorámica vista al mar, violando y alterando las declaraciones y disposiciones presidenciales que refieren como área protegida de reserva y biodiversidad con una longitud de unos 60 kilómetros para la conservación de las riquezas naturales.

 

Indicó que las comunidades de Baoruco y La Ciénaga ven su patrimonio usurpado y que de no ponerse un alto a esta situación, toda la costa y la región suroeste resultará afectadas.

 

Afirmó que está a favor del progreso de los pueblos y sus gentes, sin embargo, consideró que el desarrollo, el progreso y el avance de la región, pero no enajenando los bienes colectivos.