Fuente: diario16.com
La Audiencia Nacional investiga si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero financió con fondos públicos el sostenimiento de uno de los regímenes más corruptos de América Latina: el que sostuvo durante años a Leonel Fernández en la República Dominicana. Fernández fue presidente en tres periodos distintos: 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012. En todos ellos su gobierno tuvo que enfrentarse a graves acusaciones y hasta 20 escándalos de corrupción. Por ejemplo, el equipo del expresidente dominicano es el que más contratos firmó con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por sobornos y mordidas a funcionarios de 12 países a cambio de contrataciones públicas. Y pese a todo, el Gobierno de Zapatero no tuvo ningún pudor ni reparo a la hora de hacer negocios con el gran jerarca centroamericano e incluso el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dirigido en aquellos años por Miguel Sebastián, se permitió realizar un pequeño donativo a su partido, el PLD.
Así consta al menos en un informe pericial que la consultora EY ha realizado a las cuentas de la empresa semipública Mercasa, implicada en un asunto de desvío de fondos a países del extranjero para el cobro de comisiones y mordidas. La investigación de este caso corre a cargo del juez José De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya tiene en su poder el documento en el que queda acreditado que en el año 2011, a las puertas de las elecciones en el país caribeño, el Gobierno español hizo al menos dos aportaciones: una donación de 500.000 dólares americanos con la supuesta finalidad de formar al personal que iba a trabajar en Merca Santo Domingo (un centro comercial cuya construcción corría a cargo de Mercasa) y otro donativo, bastante más insignificante, de 500.000 pesos dominicanos −equivalentes a unos 9.000 euros− en plena la campaña electoral de 2012 de Danilo Medina, el hombre del PLD que estaba llamado a suceder a Leonel Fernández en el Gobierno, como así ocurrió finalmente.
Aquella cita con las urnas en la República Dominicana fue especialmente turbulenta, ya que la oposición denunció la utilización por parte del PLD de recursos del Estado para financiar su propia campaña. Las sospechas de que el partido gubernamental concurrió dopado a los comicios coincidieron con la supuesta aportación de fondos públicos del Gobierno socialista español. Finalmente Danilo Medina se alzó con la victoria y Fernández dio por concluido su largo periplo presidencial. En realidad, ambos políticos eran rivales en la pugna por controlar el PLD, pero de alguna manera la llegada al poder de Medina le vino bien a Fernández, que pudo seguir blindándose ante posibles investigaciones de la Justicia dominicana por casos de corrupción.
Según las encuestas realizadas en aquellos años en el país centroamericano, un alto porcentaje de la población dominicana tenía la percepción de que los períodos de Gobierno de Leonel Fernández fueron los más corruptos de la historia de la República Dominicana después del régimen de Trujillo. Informes de organizaciones como Transparencia Internacional avalan ese dato. El período más negro fue el 2004-2008, cuando Félix Bautista, uno de sus más cercanos colaboradores, fue acusado de fraude, desfalco, enriquecimiento ilícito, corrupción, lavado de activos y tráfico de influencias mientras fue presidente de la Oficina de Supervisión de Obras Públicas del Gobierno. Le siguieron otros ministros salpicados por escándalos como Víctor Díaz (Obras Públicas), Temístocles Montás (Economía) y Melanio Paredes (Educación). Ello no impidió que las relaciones con el Gobierno socialista español fueran intensas y fluidas, como demuestra el hecho de que el juez Baltasar Garzón haya impartido varias conferencias sobre la justicia internacional y la lucha contra la impunidad en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), creada en el año 2000 por el mismo Leonel Fernández justo después de terminar su primer mandato presidencial. Además, Fernández ha sido espectador asiduo de las charlas de Garzón.
El proyecto Merca Santo Domingo fue la excusa perfecta para la colaboración del Gobierno de Zapatero con Leonel Fernández. El proyecto constaba de dos fases: el Mercado de la Duarte y el Mercado de Cristo Rey, ambos en la ciudad de Santo Domingo. Los centros fueron adjudicados a la empresa española Mercasa, que en la actualidad está siendo objeto de una exhaustiva investigación por corrupción a cargo del juez De la Mata. En aquel momento Mercasa estaba presidida por el socialista Javier de Paz bajo la dirección técnica de Álvaro Curiel, ambos hombres de confianza del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En la República Dominicana la adjudicación y el seguimiento del proyecto corrió a cargo de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y la empresa encargada de la ejecución del centro comercial fue el consorcio Incatema Consulting S.L. Por el lado español, la compañía embarcada en la construcción del centro comercial fue Coperture Ibérica S.L., de Tomelloso, que según ha podido saber Diario16 decidió paralizar las obras por falta de pago. La empresa adoptó la decisión de no continuar con los trabajos de construcción al no recibir lo acordado en el contrato, ya que supuestamente se le adeudan diversas cantidades.
El presupuesto inicial del Mercado de la Duarte ascendía a unos 23 millones de dólares norteamericanos, pero el costo de la inversión real fue solo de unos 7 millones. Del mismo modo, al Mercado de Cristo Rey se asignó un presupuesto de 15 millones de dólares USA, con una inversión real de otros 7 millones. El pequeño donativo de 500.000 pesos dominicanos del Gobierno Zapatero para el PLD en la campaña de Danilo Medina –lícito o ilícito, algo que está investigando la Justicia– resulta “ridículo e increíble”, según fuentes judiciales, si se compara con el elevado proyecto de la inversión (38 millones de dólares norteamericanos).
Otro misterio que se investiga por la Justicia en España es qué sucedió con los materiales de obra que se enviaban a Santo Domingo para la construcción de ambos centros comerciales. Este diario ha podido saber que en cierta ocasión agentes de la Guardia Civil y de Aduanas del Puerto de Valencia revisaron al menos dos contenedores con material de obra supuestamente destinado a Merca Santo Domingo. Por lo visto el valor declarado del primer contenedor ascendía a 900.000 dólares cuando el valor real del material no pasaba de 30.000. Lo mismo ocurrió con un segundo contenedor: en ese caso el material aislante de construcción ascendía a 20.000 dólares, sin embargo se declaró por un valor superior a 600.000.
Según algunas oenegés, con ejemplos como el desvío de fondos de República Dominicana se constata la cruda y dura realidad de que desaparece el dinero y no se acaban los trabajos en países tan necesitados, poniendo además en riesgo todo un proyecto de gran envergadura como es la distribución de productos agrícolas a la población.
Por su parte, la Secretaria de Estado de Agricultura asegura haber realizado todas las transferencias y el Deutsche Bank realizó todos los desembolsos de la financiación del proyecto.
Conviene recordar que la Audiencia Nacional, por mediación del juez De la Mata, lleva meses investigando supuestos desvíos millonarios de la trama organizada de Mercasa a diversas instituciones gubernamentales de Angola. Mercasa es la empresa pública de la Administración del Estado español cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
