SANTO DOMINGO (EFE).- El Ministerio Público apelará la resolución judicial que varió la medida de prisión preventiva contra la exfiscal Carmen Lisset Núñez y cuatro exagentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acusados de cometer irregularidades en un allanamiento a una barbería del municipio de Villa Vásquez.
La Procuraduría General de la República informó este miércoles sobre la apelación a las nuevas medidas de coerción dispuestas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi que benefician a los cinco imputados al permitir su excarcelación a cambio de medidas menos severas.
En el caso de la exfiscal, el tribunal varió la prisión preventiva de seis meses dispuesta en agosto pasado por arresto domiciliario, señala un comunicado de prensa.
En el caso de los exagentes de la DNCD Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adan Maurito Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, se dispuso el pago de una garantía económica de 40,000 pesos cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi.
El tribunal adoptó la decisión durante la audiencia para la revisión obligatoria de la medida cautelar impuesta el pasado mes de agosto a solicitud del Ministerio Público.
El Ministerio Público no está de acuerdo con la decisión de variar la medida de coerción, puesto que “la prisión preventiva es la medida más idónea en este caso, ya que existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos y la cantidad de evidencias periciales, materiales, testimoniales y documentales obtenidas en su contra durante la investigación”.
La Fiscalía imputó a los acusados de los delitos de abuso de autoridad, coalición de funcionarios, asociación de malhechores y violación al derecho de la dignidad humana, entre otros cargos.
Los hechos quedaron registrado en un video de seguridad de la peluquería que fue difundido en redes sociales, y en el se observa a un agente lanzando una pequeña caja, que supuestamente contenía marihuana, con la presunta intención de incriminar a alguien del establecimiento.
Tras la publicación del video, la DNCD y el Ministerio Público suspendieron a los agentes la dotación de Policía que actuó en el operativo, mientras que el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió temporalmente a la fiscal, quien posteriormente renunció al cargo.
El órgano investigador indicó que los imputados son acusados de violar varios artículos de la Constitución de la República que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar el Código Penal Dominicano por abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
