Franjul presentó hoy el informe sobre el estado de la libertad de prensa en el país durante una sesión la 73ava Asamblea de la SIP que se celebra en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
El informe
El texto del informe es el siguiente:
“Informe sobre el estado de la libertad de prensa en la República Dominicana ante la 73 Asamblea General de la SIP en Salt Lake City, Utah, del 27 al 31 de Octubre del 2017.
A pesar de que la República Dominicana disfruta de un clima de libertad de prensa y expresión sin restricciones lesivas, los principales diarios del país han planteado su preocupación por la tendencia que se generaliza entre los más altos funcionarios de la nación a informar solamente mediante notas de prensa sin dar respuestas de manera directa frente a los periodistas que cubren las fuentes informativas.
En un comunicado conjunto publicado esta misma semana, los principales ocho diarios dominicanos denunciaron que se han dado casos de maltratos a periodistas cuando tratan de acercarse al Presidente de la República y que en otras ocasiones la seguridad del Jefe de Estado mantiene a los periodistas lejos del mandatario y sin permitirles moverse a otros lugares.
Los diarios reclamaron que se respete el derecho a la pregunta, un principio sagrado que suele observarse con rigor en las sociedades ya que permite al periodista trasmitir a los funcionarios, en un intercambio libre y directo, las inquietudes y las palpitaciones que recoge de los ciudadanos y hacer efectivo el diálogo entre gobernantes y gobernados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que agrupa a sus miembros, todos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, exhortó a los funcionarios a ser más abiertos y comunicativos sobre las responsabilidades que tienen a su cargo ante los medios de comunicación y sus periodistas en ruedas de prensa y entrevistas, principalmente, como una manera de rendir cuentas, de orientar y de ejercer lo que en ciencias políticas se ha llamado “la pedagogía del poder”.
En respuesta a las quejas de los diarios, la dirección de comunicaciones de la Presidencia emitió otro en el que asegura que el gobierno es “plenamente consciente de su obligación de informar a la sociedad dominicana y, en consecuencia, ha respondido siempre de forma oportuna y serena a los temas de interés nacional, a través de la prensa y de todos los medios de difusión a nuestro alcance”.
Al mismo tiempo, publicó un listado de 950 entrevistas dadas por funcionarios gubernamentales en lo que va de año en programas o paneles de radio y televisión, en medios impresos y en situaciones ocasionales.
En el contexto de este ambiente de preocupaciones sobre la libertad de prensa gravitan también dos iniciativas que pretenden introducir por vía legislativa algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del periodismo y regularían el uso de las redes sociales en campañas electorales.
Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen vigentes en el Código Penal dominicano.
De igual modo, diferentes partidos políticos agrupados en el llamado Foro Permanente de Partidos Políticos presentó una solicitud ante la Junta Central Electoral, máximo tribunal de elecciones del país, para que regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones generales del 2020. La idea es que esta propuesta sea incluida en la nueva ley electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció contra el intento de imponer limitaciones a la libertad de prensa y expresión y designó una comisión de juristas para discutir, con los miembros de la comisión bicameral del Congreso, los aspectos que objeta en los referidos anteproyectos de leyes.
Respecto al escenario en que desarrollan su oficio los reporteros de diarios, canales de radio y televisión, este sigue siendo afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
La productora Claudia Pérez Ramírez, apodada La Tora, fue acusada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una agencia del gobierno, de proferir palabras y expresiones groseras, vulgares, obscenas y discriminatorias contra el presidente de la República y el Procurador General en su programa “Eficiencia social” del canal 45 Teleradio América.
Al mismo tiempo, la entidad emplazó a todos los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes canales y programas televisivos a regularizar la transmisión de contenidos.
Pocos días después también prohibió hablar durante 20 días en la radio al comentarista Álvaro Arvelo Hijo, del popular programa “El gobierno de la Mañana” de la estación Z-101, por expresiones que se consideraron injuriosas e irrespetuosas contra uno de los fundadores de la nación dominicana.
El Instituto Duartiano, que custodia la memoria del patricio, sometió formalmente a la justicia al periodista Arvelo, bajo los cargos de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Por otra parte y como signos de un retroceso y un obstáculo al derecho de la información, la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de vigencia.
Según Participación Ciudadana, ningún partido político cumple con el mandato de dicha ley, un número importante de instituciones no publican la nómina oficial en formato claro, actualizado y con datos confiables y entendibles, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados, no reutilizables.
Igualmente, PC se quejó de que las instituciones públicas limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones y propuso la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y difusión del derecho de acceso a la información pública.
