El Informe de Alicia Ortega sobre la inmensa fortuna acumulada por el ingeniero Diandino Peña desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió el poder en 1996, como ha ocurrido con otros dirigentes, terminó con su cargo en el gobierno al ser cancelado por el presidente Danilo Medina, sorprendiendo a muchos que ven en esa acción una jugada política.
Es la primera vez que ante una denuncia, bien documentada como la que presentó El Informe, el mandatario actúa consecuentemente como lo prometió durante la campaña del 2012. No basta con la cancelación. Procede ahora la intervención del Ministerio Público.
Los analistas dicen que en otras ocasiones, tras denuncias similares, el presidente no hizo lo mismo. Y es cierto. Afirman que ahora la intención era quitar del medio a uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente de la República y presidente del PLD, candidato sempiterno, Leonel Fernández.
Diandino es un hombre de Leonel. Una de sus alcancías, dicen muchos.
Esos argumentos no le quitan validez ni trascendencia al programa de televisión de Alicia. Al contrario, le da mayor significación. Tanto ella como los demás periodistas, organizaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición tienen que continuar con sus denuncias sobre corrupción y pedir al mismo tiempo, como lo hace el Movimiento Verde, el fin de la impunidad.
Los documentos presentados por Alicia después de una minuciosa investigación de meses, no dejaban lugar a dudas sobre lavado de activos, evasión de impuestos y perjurio en la declaración jurada de bienes, lo que amerita la intervención del Ministerio Público.
Tan abrumadores fueron los documentos, que Alicia bien pudo prescindir de la entrevista con el señor Peña, que parecía incriminarse ante cada pregunta luciendo torpe y temeroso, sorprendido ante las evidencias presentadas. (Le dio un ataque temporal de alzhéimer)
El antiguo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), responsable de la construcción del Metro de Santo Domingo con un costo de dos mil millones de dólares, pero que antes ocupó posiciones de mayor relevancia en el organigrama del Estado, no supo o no pude defenderse. Terminó victimizándose acusando a la periodista de haberlo engañado llevándolo a una encerrona, cosa que ella negó.
Para mí lo importante no fue la entrevista. Alicia pudo prescindir de ella sin que El Informe perdiera su impacto. (Supongo que la hizo para darle derecho a defenderse y aclarar las imputaciones que les hacían los documentos obtenidos después de una larga pesquisa, lo cual revela su profesionalidad)
Dicen los defensores de Diandino en los medios de comunicación que detrás del “Informe” hay intereses económicos y políticos relacionados con el gobierno que buscan hacerle daño a Leonel Fernández para que los “vientos no soplen a su favor” ahora que Danilo Medina está en el piso y no podrá reelegirse.
En la política, como en todo lo demás, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Sé que los dueños de los medios de comunicación tienen sus intereses. Sé que no hay independencia ni imparcialidad en la prensa.
Ahora bien, -insisto- lo verdaderamente importante no es la entrevista, es pedir una investigación exhaustiva sobra la revelación que ha hecho Alicia Ortega sobre las empresas y los bienes que no figuran en la declaración jurada de bienes. Lo importante es saber por qué, si todo es transparente, Diandino tiene tantas empresas en el extranjero y por qué se vale de terceros para ocultarlas, (Testaferros)
Para mí la mala de la telenovela no es Alicia, es Diandino. Ella no tiene nada que probar, es él quien tiene que probar, ante los tribunales que es inocente, que su fortuna no es fruto de la prevaricación, del tráfico de influencias, el desfalco y otras formas ilegales de robarle el dinero al pueblo.
Espero que la lucha contra la corrupción continúe. Que no caiga solo el ingeniero Peña, de ser culpable, sino muchos otros que no pueden justificar sus bienes, que obviamente se enriquecieron al amparo del poder. No solo Diandino merece ser cancelado y sometido a la justicia. El peso de la ley y la condena moral de la sociedad debe recaer sobre muchos otros.
