Santo Domingo, 3 feb (EFE).- Sectores dominicanos cuestionaron hoy el acuerdo logrado entre el país y la empresa brasileña Odebrecht como compensación por los sobornos para acceder a contratos, mientras organizaciones preparan una recolección de firmas para pedir una comisión independiente que investigue el caso.
El procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, reveló este jueves detalles del acuerdo firmado con Odebrecht el pasado 20 de enero, por el cual la constructora se comprometió a abonar a lo largo de ocho años 184 millones de dólares, el doble de lo que admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.
La organización dominicana Participación Ciudadana (PC), capítulo en el país de Transparencia Internacional, manifestó hoy su desconcierto sobre el contenido, términos y plazos que han sido revelados hasta ahora tras la negociación.
“El acuerdo parece limitar la responsabilidad civil de la empresa brasileña al pago del duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos dominicanos, cuando esa es solo una parte de su responsabilidad y probablemente la parte menor”, señaló PC en un comunicado de prensa.
Los organizadores de la marcha que el pasado 21 de enero congregó a miles de personas en Santo Domingo en contra de la corrupción y la impunidad, anunciaron la recolección de firmas a partir del 5 de febrero para solicitar que el presidente del país, Danilo Medina, conforme una comisión de fiscales independientes para investigar las operaciones de Odebrecht en la nación caribeña.
El acuerdo, subrayó la organización, “parece excluir las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, los 163 millones de dólares que dicha empresa admite haber ganado gracias a los sobornos, que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito, y el costo financiero del dinero de los contribuyentes dominicanos”.
“Pretender que no se devolverá lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción y para colmo seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado, lo que debe ser inadmisible para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana“, agregó en el comunicado.
También expresaron su rechazo al acuerdo dirigentes de la oposición, que reclaman al Ministerio Público revelar los nombres de los involucrados en esta trama y llevarlos ante un juez.
Todo sobre Odebrecht
La exvicepresidenta del país Milagros Ortiz Bosch, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal de la oposición, tildó de indignante el acuerdo, mientras que el diputado Pedro Botello, del minoritario Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), reclamó la destitución del procurador general de la República.
En tanto, los organizadores de la marcha que el pasado 21 de enero congregó a miles de personas en Santo Domingo en contra de la corrupción y la impunidad, anunciaron la recolección de firmas a partir del 5 de febrero para solicitar que el presidente del país, Danilo Medina, conforme una comisión de fiscales independientes para investigar las operaciones de Odebrecht en la nación caribeña.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos República Dominicana.
Los documentos aseguran que, en concreto, la empresa pagó en el país caribeño 92 millones de dólares en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, reveló el pasado 10 de enero que su representante comercial en la República Dominicana, Ángel Rondón, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares, reveló el procurador general, Jean Alain Rodríguez, tras un interrogatorio al ejecutivo.
Por su lado, Rondón reconoció haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares de manos de Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación y no para efectuar soborno. EFE
