El centro penitenciario local, ubicado a la entrada este de la ciudad, se ha convertido en una gruta de hacinamiento extremo para los más de 800 internos allí espaciados, debido a una sobrepoblación asfixiante, carencia de servicios sanitarios, escaso espacio disponible, problemas de higiene y la mayoría de los reclusos duermiendo precariamente en el piso.
Ante tan degradanente situación, sectores sociales banilejos han demandado el traslado y construcción de una nueva cárcel para esta demarcación sureña.
Situación
Este presidio, concebido originalmente como un recinto preventivo para alojar a 150 internos, tiene actualmente una población que sobrepasa los 850 reclusos, entre estos preventivos, y los que cumplen condenas de entre 5, 10, 20 y hasta 30 años de prisión, según explican Ramón Constantino Beltré, procurador fiscal de esta provincia, y Alexis Agramonte, del Departamento de Salud Ambiental de la Dirección Provincial de Salud, quienes aseguran que las condiciones en que “sobreviven” aquí los internos son “inhumanas y denigrantes”.
Agramonte explica que su unidad de salud ambiental tiene que hacer malabares para evitar una catástrofe epidémica en esta cárcel, ya que las “estrechísimas celdas” donde permanecen los internos tienen un solo retrete, común a todos, colocado donde comen y duermen, la mayoría duerme en el piso y el agua que consumen es tomada directamente de los grifos, sin ningún tipo de tratamiento de salubridad, “y una muy preocupante falta de higiene que es una bomba de tiempo”, aseguró.
Se recuerda que hace justamente un año, fruto de las condiciones citadas, durante los mes de noviembre y diciembre de 2016 los reclusos de esta cárcel fueron afectados por un brote de cólera que dejó como resultado dos reclusos muertos y más de 30 fueron internados en el hospital local, deshidratados por diarreas e infecciones virales.
La infraestructura
En cuanto a la infraestructura de esta cárcel, se ha determinado que fue edificada sobre un terreno rocoso, por lo que el sistema sanitario colapsa de forma permanente, ya que no tiene infiltración.
Se explica que esto ha tenido como consecuencia, “que las aguas cloacales del recinto descarguen, casi en su totalidad, en el lecho del río Baní, que bordea el lado oeste de la cárcel”. Esto pone en alto riesgo de contaminación a los vecinos de los barrios Mata Gorda, El Sifón, Santa Rosa y otros, que tienen pozos para el servicio de agua potable, perforados en la ribera sur de este río, por lo que, “de manera urgente hay que sacar esa cárcel de ahí”, exclama el ambientalista, Alexis Agramonte.
Demandas
José Miguel Germán, presidente de Alianza Banileja, asegura que esta cárcel, construida en los años 50, desbordó su capacidad hace tiempo, pues, a su juicio, “el crecimiento que ha tenido Baní, después de que se construyó esa cárcel, en los años 50, ha sido extraordinario, y no se ha hecho una cárcel nueva desde entonces”.
Explica que el nivel de hacinamiento que se da aquí provoca enfermedades, brotes epidémicos como diarrea, gripe, problemas de la piel y otras, creando un ambiente, “que no es el propio de una cárcel, que es el de regenerar, rehabilitar al interno”. Entiende de suma importancia que se construya una nueva cárcel “con mayor capacidad de alojamiento y condiciones más dignas y humanas”.
Lo que procede en lo inmediato es que parte de estos reos sean trasladados a otras cárceles del país, analiza Umberto Peguero, síndico del distrito municipal Paya, y que, a mediano plazo, el Estado se aboque a construir una cárcel modelo, propone, “que dignifique la persona de los internos y los rehabilite para entrar de nuevo en la sociedad”.
Diligencias
Los banilejos no se han cruzado de brazos ante esta situación y revelan los pasos que ya se han dado para sacar ese recinto del lugar donde está actualmente y que se construya una nueva cárcel que acoja a los reclusos de Baní, Ocoa y Azua, si fuere necesario, así lo explica Constantino Beltré, asegura que al pasado procurador, Francisco Domínguez Brito, le fue planteado el asunto.
“Junto a la gobernadora provincial, Nelly Melo, nosotros le planteamos a Domínguez Brito la necesidad de una nueva cárcel modelo para las provincias Ocoa, Azua y Baní”, agregó.
Según Beltré, Los Vicini, incluso, han ofertado los terrenos para esa nueva cárcel, “en el lugar donde nosotros indiquemos” dijo. Empero el exprocurador Domínguez Brito señaló en esa ocasión que para eso se necesitaban 300 millones de pesos y que no era posible conseguir ese dinero en ese momento.
Dijo que Brito planteó la remodelación de la cárcel, “pero le dijimos que si no se podía una cárcel del nuevo modelo, que se hiciera entonces una cárcel grande, del viejo modelo, de tal manera que los reclusos pudieran estar en condiciones humanas, donde cada recluso pueda tener una cama y acostarse como un ser humano, no como están ahora en un espacio de 0,75 metros cuadrados, donde ni el propio recluso cabe bien, pues la norma manda que cada celda debe tener un tamaño, por lo menos de 4 metros cuadrados.
A requerimiento del exprocurador, afirma, se hicieron tres presupuestos para ampliar la cárcel, con su comedor y áreas sanitarias incluidas, “en ese sentido hicimos tres presupuestos, uno de 3 millones de pesos, otro de 700 mil y pico de pesos, que descartamos por caros, y un tercero de medio millón de pesos, “que fue el que le llevamos a Brito, pero este no hizo nada, a pesar de nuestras insistencias”.
DILIGENCIAS MÁS RECIENTES
Mercedes Rodríguez, que junto a Santo Ramírez y Julio Fulcar, son los tres deputados de esta demarcación política, dijo que los tres se ha unido para solicitar del gobierno la designación de los recursos para una nueva cárcel,
“Los tres diputados de Baní, justamente plasmamos en una resolución que emitimos recientemente, que esa cárcel que acoge nuestros privados de libertad, es una vergüenza para nuestra provincia y para la región Sur, por las condiciones inhumanas de hacinamiento que representa.
“Entonces, nosotros estamos pidiendo en el nuevo presupuesto del 18, que se haga una nueva cárcel pública en Baní, ya que es una obra prioritaria, de carácter humano, porque esos privados de libertad que están ahí también tienen derechos”, expresó Rodríguez.
La historia
La estructura que hoy funciona como la cárcel pública de Baní, con casi 900 internos en sus estrechas y hacinadas celdas, fue construida realmente como un puesto de control de movilidad de la población en el régimen de Trujillo (1930-1961), según relata Alexis Agramonte, “es decir esto era un puesto de chequeo militar, de quien entraba y quien salía de la población, no un recinto carcelario.
El decomiso e incautación se llevó a cabo en el marco de la aplicación del rol rector, regulador y conductor del Sistema de Salud, así como parte de la actividad de vigilancia sanitaria que como autoridad estatal ejerce el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).
Durante el allanamiento fue cerrada la Farmacia Prosperidad, propiedad Ball Domínguez, así como la revisión total de la Farmacia Lample Suárez, esta última, no se le encontró nada que la comprometa con la ilegalidad buscada.
