por Leo Cornielle
Barahona.- En momento en que el Ministerio de Salud Pública emite una resolución en la que establece consecuencias a la negligencia médica en los casos de muertes maternas e infantiles evitables, una pareja de esposos de esta ciudad denunció que un recién nacido suyo murió por falta de atención médica a tiempo.
Antonio Cuevas Carvajal y Vera Lucía Jiménez Alcántara, residentes en el sector Los Salares de Milton del distrito municipal de Villa Central, narraron a este medio que su bebé nació de 7 meses, prematuro, en el hospital regional universitario doctor Jaime Mota de esta ciudad, pero que la doctora que lo atendió no dispuso que su internamiento en el área donde son atendidos los recién nacidos.
Jiménez Alcántara, madre de la criatura, aseguró que la doctora Blanca Céspedes Montero la despachó a los tres días de haber dado a luz al niño Kolé Abraham Cuevas Jiménez, sin tomar las medidas del lugar, ya que el niño había nacido prematuro y necesitaba asistencia para poder completar la madurez de sus órganos.
El niño Cuevas Jiménez nació el 22 de enero de 2018 y murió el 31 del mismo mes y año a causa de presentar “cardiopatía congénita”, según certificado medico del Jaime Mota, firmado por la doctora Céspedes Montero.
La señora Vera Lucía Jiménez Alcántara dijo que el niño había presentado problemas el mismo día que fue llevado a la casa y que por ello, decidió por volver a tratarlo en el hospital, pero que la doctora Céspedes Montero le manifestó que el niño estaba completamente en salud, y sin embargo murió.
Antonio Cuevas Carvajal, padre del infante, dijo que la denuncia que hace conjuntamente con su compañera, además del dolor que sienten por la pérdida de su hijo, es para que los padres que acuden al Jaime Mota, abran los ojos ante las situaciones que se presentan en ese centro de salud.
REGLAMENTO
El reglamento, presentado por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, en rueda de prensa, crea el Comité de Auditoría Clínica y tipifica como de primer, segundo y tercer grados las faltas sancionables que provoquen muertes maternas o infantiles o causen daño permanente a la madre o al producto.
Guzmán Marcelino afirmó que un análisis sobre el tema refleja una alta responsabilidad del personal de salud directamente involucrado en la atención, así como en el personal gerencial de la red pública de servicios de salud, de los centros privados, asociaciones sin fines de lucro y otros, en la ocurrencia y prevención de esos eventos, según un comunicado de su ministerio.
La mortalidad materna e infantil en los últimos dos años es de 88 por cada 100 mil nacidos vivos, en el primer caso, y 25 por cada mil nacidos vivos en el segundo.
