Motocicletas, medios clave para atracos

RD OCUPA LOS NIVELES MÁS ALTOS EN ESE TIPO DE DELINCUENCIA EN AMÉRICA LATINA

Viviano de León

Santo Domingo

De cada 100 asaltos o robos callejeros que se efectúan en el país, 80 se realizan desde motocicletas, práctica que en los últimos meses ha ido tomando auge, a tal extremo que la gente teme salir a las calles a cualquier hora del día.

El dato surge de estudios internacionales a nivel de Latinoamérica, y a nivel local, de los reportes que periódicamente ofrece la Policía  Nacional, con la agravante de que en República Dominicana 54% del total del parque vehicular registrado son motocicletas, aproximadamente unos dos millones, a parte de las existentes que no aparecen registradas.

El auge del uso de las motocicletas en América Latina para delinquir, en cuya escala República Dominicana ocupa los niveles más altos, ha llevado a que las  naciones denominen la situación como “la peste que azota a los humanos en las calles”.

El problema empeora cuando las propias autoridades de la Dirección General de Impuestos revelan que en el país al 2014 existían cerca de 600 mil motocicletas que no contaban con ningún tipo de registro.

Esa falta de registro de un gran porcentaje de las motocicletas que circulan por las calles, entorpece las investigaciones que puedan hacer las autoridades para identificar a quienes las utilizan como medio de transporte para cometer robos, atracos y sicariato.

En una de las ediciones de su revista institucional “Moderna”, la DGII señala en un reportaje que “más allá de la muerte por la falta de regulaciones y la no observación de reglas de seguridad, se suma a la epidemia una peste, “el uso de las motocicletas para delinquir”.

Parque vehicular
Al 28 enero de este año, en el país existía un registro de 1,946,594 de motocicletas, posiblemente la mitad de las que realmente existen y circulan por las vías, debido a que la mayoría no están registradas, ni en Aduanas, pero mucho menos en la Dirección General de Impuestos Internos.

Las que no están registradas son ensambladas en el país con piezas que llegan a través de envíos y, por lo tanto, no cuentan con ningún tipo de regularización de parte de las autoridades.

En el año 2014, la propia Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó en su revista institucional “Moderna”, que cerca de 600 mil motocicletas circulaban por las calles sin la debida regularización.

Preocupada por la  situación, en ese año, la DGII inició con mucho entusiasmo, el Programa Nacional de Registro y Renovación de Placas de Motocicletas, mediante el cual sólo logró registrar o actualizar unas 131,000, cuyos propietarios acudieron a poner sus papeles al día.

El total de motocicletas registradas, equivale al 53.9% del parque vehicular, a enero del 2016 ascendía a 3,612,964 vehículos. La cifra sólo incluye aquellos que han adquirido su primera placa, según datos del Departamentos de Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos, publicados en la página web del organismo.

De ese total, 17.1% está ubicado en el Distrito Nacional; 12.5% en Santo Domingo; 8.0% en La Vega; 6.24% en Santiago; 5.68% en San Cristóbal; 4.56% en San Francisco de Macorís; 4.52% en Montecristi y 4.02% en Higüey; mientras que el porcentaje restante está distribuido en las demás provincias del país.

Las que aparecen registradas son aquellas importadas de manera legal y que, al pasar por las aduanas del país, son entregadas a sus dueños con todos los documentos requeridos, incluyendo la placa.

Las demás circulan sin documentos y sin placas, porque son armadas por piezas, que, según informes, llegan en envíos desde los Estados Unidos y otras partes del mundo.

Inconvenientes
Las motocicletas no pagan anualmente el marbete o derecho de circulación como los demás vehículos.

La emisión de una placa para ese tipo de aparato mecánico por parte de Impuestos Internos sólo cuesta alrededor de cien pesos. Quienes se dedican a la venta de motocicletas sin regularizar, traen las piezas, las arman y se van a cualquier pueblo, montan una agencia, las venden a plazo y cuando ya han cobrado una gran parte del dinero acordado, se marchan sin resolverles a los clientes el problema de los papeles.

El adquiriente, aunque se queda con varias cuotas sin pagar, entonces carga con el grave problema de que no tiene a dónde ir a buscar los documentos y queda obligado a transitar en la clandestinidad.

Normalmente cuando la Policía detiene a un motociclista sin papeles le incauta el vehículo hasta que aparezcan, de ahí la versión de que los policías también andan sin documentos, porque las usan para hacer operativos.

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LA MAYORÍA DE ACCIDENTES OCURRE EN ESTOS VEHÍCULOS
Las constantes violaciones a las reglas de tránsito por parte de quienes utilizan las motocicletas para transportarse, debido a la facilidad que tienen de caber hasta por los callejones, aumenta considerablemente el número de accidentes, a tal punto que constituyen 63% de los que ocurren a nivel nacional.

El dato oficial más reciente correspondiente al 2015, y revela que en ese período fueron registrados 6,996 accidentes de motocicletas, dejando como saldo 7,733 lesionados, 1,290 fallecidos y 9,023 víctimas.

Estas cifras aumentaron con relación al año 2014 y, según informes preliminares, en el primer trimestre de este año los porcentajes son aún mayores.

El programa de Reducción de Mortalidad por accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud Pública establece en sus estadísticas del 2015 que en ese período se gastaron RD$472,718,498 en atención médica a los lesionados por accidentes de motocicletas.

Según las estadísticas del programa que dirige el doctor Alberto Díaz, por cada accidentado de motocicleta que ingresa a una unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital el Estado se debe invertir la suma de un millón 200 mil pesos.

Salud Pública registró 73 mil 619 casos de lesionados por accidentes de motocicletas durante el 2015, según los reportes que recibió de los hospitales públicos .

“El politraumatizado es paciente más costoso para el Estado, porque es el paciente que más días-cama dura en el hospital, además de que usa los materiales que más cuestan en un proceso de recuperación”, expresó Díaz. En los accidentes de tránsito de motocicletas el segmento de la población más afectada son los jóvenes con edades entre 15 y 34 años.

¿Sabe qué hacer si su hijo se atraganta con un objeto?

En el Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral atienden de dos a tres casos por semana de niños atragantados

SANTO DOMINGO. El peligro de atragantarse está latente al ingerir cualquier tipo de comida y a cualquier edad. Personalidades como el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, que en una ocasión se atragantó con un pedazo de carne, y el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a quien le sucedió con una galleta en forma de rosquilla y sufrió un leve desmayo, son ejemplos de que para este problema no cuentan ni edad ni posición.

Los infantes, especialmente los más pequeños, son los más afectados, pues todo se lo llevan a la boca, como forma de explorar, según explica la doctora Paola Hatton, pediatra neumóloga, especialista en estos casos del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

En el Departamento de Neumología de ese hospital atienden de dos a tres casos por semana de niños atragantados con diferentes objetos, expresó la doctora.

Hatton explica que estos episodios por lo general se presentan en los pequeños por la ingestión accidental en un momento de juego, cuando se asfixian y comienzan a hacer “arcadas”, es decir, como si fueran a vomitar, por el objeto que tienen en la vía de inicio, pudiendo pasar a la vía digestiva o aérea, siendo esta última la más peligrosa, pues puede poner en riesgo la vida del paciente, según detalló.

“Para prevenir esta clase de accidentes se debe enseñar a los niños a comer correctamente, de modo que no se lleven grandes bocados y que no deglutan de prisa y sin la suficiente masticación de los alimentos”, dice.

Los juguetes deben ser acordes a su edad, de preferencia que sean más grandes que su mano, y no debe permitírseles jugar con objetos que al ser mordidos puedan desprender fragmentos, y mantener siempre la supervisión.

Además, sugiere la especialista, se debe evitar que jueguen específicamente con “globos, monedas, llaves, bolones y pequeños juguetes, que se convierten en atractivos objetivos que impulsan a los pequeños a llevárselos a la boca”.

Los síntomas principales de un atragantamiento son: color de piel azulado, imposibilidad de toser o respirar y desvanecimiento. De manera instintiva la persona atragantada se lleva las manos al cuello.

Si el objeto está afectando las vías respiratorias los síntomas son: silbar y dificultad respiratoria.

La experta explica que lo recomendable en estos casos es no entrar la mano por la boca del infante o persona afectada, porque podría hacer que el objeto se introduzca más, y si es algo cortante puede provocar laceración.

Cuando el atragantamiento es con algo sólido, aplicar ”la maniobra de Heimlich”, consistente en rodear con los brazos por detrás al atragantado y apretar el diafragma hacia dentro y hacia arriba.

Esta maniobra en la mayoría de los casos desata una tos forzada que empuja el aire hacia la tráquea, desbloqueando la garganta del objeto que la obstruye. En caso de que la maniobra no dé resultados la primera vez, se recomienda repetirla hasta que la tos forzada reabra las vías respiratorias.

Si el caso le ocurre a un niño menor de dos años, debe ser puesto boca abajo y darle palmadas en la espalda (tandas de 4-5 palmadas) y volver a mirar la boca para determinar si está el objeto.

Si con lo anterior no sale el objeto, hay que presionar de golpe en la barriga, la idea es que eso empuje el aire de los pulmones hacia fuera intentando que expulse el objeto.

Si el objeto no sale, Hatton recomienda llevar a la persona al centro de salud más cercano.

Luego del desastre, las soluciones

Por Francisco Alvarez Valdez

Y que por fin tengamos en el futuro cercano una JCE multidisciplinaria, como lo ameritan las responsabilidades que recaen sobre este órgano de administración de procesos electorales.

Francisco Alvarez Valdez

Socio fundador de Headrick Rizik Alvarez & Fernández. Su ejercicio profesional se ha desarrollado principalmente en las áreas de litigios judiciales y arbitrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo y proyectos relativos al ámbito de las telecomunicaciones. Fue coordinador de Participación Ciudadana. Es presidente de Profamilia.

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Todavía se cuentan votos a más de tres semanas de unas elecciones que serán recordadas como un franco retroceso en los procesos electorales dominicanos, a pesar de la Junta Central Electoral  (JCE) haber manejado, con poca transparencia, un presupuesto escandalosamente alto, cuyos datos irán saliendo poco a poco, pero se debe aprovechar todo lo ocurrido y la conciencia que se despierta ante el desastre, para comenzar a empujar nuevamente las soluciones que deben aplicarse para reducir los riesgos de que volvamos a tropezar con la misma piedra.

El primer reto a enfrentar es la renovación de los órganos electorales: la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las nuevas designaciones deben partir de la definición del perfil que se requiere en cada uno de estos órganos.  No se trata de buscar personas químicamente puras, que sabemos no existen. Tampoco se trata de satanizar a un grupo para que otro suba, ni de escoger entre los que hacemos militancia en la sociedad civil organizada, pues el objetivo de los que así trabajamos no debe ser alcanzar posiciones públicas sino ayudar con el contrapeso que requieren los que llegan a estas funciones. Es sencillamente trazar por fin el perfil que deseamos de capacidad, integridad, experiencia, laboriosidad, responsabilidad, carácter, habilidad para trabajar en equipo e independencia.

Esta última característica, la independencia, excluye a miembros de partidos políticos por el conflicto de intereses que les representaría tener que tomar decisiones en contra de la legítima lealtad que poseen para con sus partidos, que no se puede borrar con una simple licencia o suspensión mientras cumplen funciones, pues no son computadoras a las que se les puede borrar la memoria. Sabemos que existen personas que son capaces de tomar decisiones independientes a pesar de tener un conflicto de interés, pero la regla debe ser evitar estos conflictos.

El PLD, que controla el Senado, que escogerá a los miembros de la JCE, y también controla al Consejo Nacional de la Magistratura, que escogerá a los miembros del TSE, tendrá la responsabilidad, una vez más, de decidir si hace lo que nunca se ha hecho, o vuelve a lo mismo de siempre, amparándose en los ejemplos dados en el pasado por el PRSC y el otrora PRD, de repartir posiciones entre los miembros de los partidos políticos, asegurándose siempre que el partido que controla, tenga una clara mayoría, dejando así el germen de las futuras crisis electorales.

Despartidizar los órganos electorales es elemento clave en estos momentos en que la oposición trata precisamente de aprovechar la partidización actual para justificar los resultados electorales, a sabiendas de que existe una percepción de parcialidad debido a los vínculos partidarios de la mayoría de sus miembros. Estas posiciones no deben concederse para premiar a miembros de partidos políticos, o para conceder ventajas a amigos, pues sus miembros están llamados a ser administradores imparciales en el caso de la JCE y jueces igualmente imparciales en el caso del TSE, y de ellos dependerá no solo la legalidad sino también la legitimidad de las elecciones.

Pero no basta con independencia partidaria, pues el que llegue a una posición tan relevante debe haber acumulado crédito en la sociedad que permita asegurar su buen desempeño técnico o por lo menos reducir los riesgos de sus decisiones. Nada hacemos escogiendo a una persona independiente cuando le falta capacidad técnica y sobre todo integridad. O cuando es un llanero solitario, que no le gusta trabajar en equipo, a pesar de que será designado en un órgano colegiado. Claro que debe tener carácter, pero sin confundir autoridad con autoritarismo.

Distinto al TSE, donde todos sus miembros deben ser abogados, ya en la JCE esto es innecesario. A pesar de que la Constitución de 2010 le quitó a la JCE sus funciones contenciosas para atribuírselas al TSE, todavía se usa llamar “magistrados” a los miembros de la JCE, cuando ya no lo son. Sin embargo, la obsoleta ley electoral sigue requiriendo ser abogado para ser miembro de la JCE. Esperamos que antes de la designación de los nuevos miembros de la JCE sea aprobada una nueva ley electoral que señale que para ser miembro de la JCE usted podrá tener una formación profesional que abarque la economía y finanzas, la ingeniería de sistemas y de procesos, la administración de empresas, además del derecho, entre otras profesiones liberales. Y que por fin tengamos en el futuro cercano una JCE multidisciplinaria, como lo ameritan las responsabilidades que recaen sobre este órgano de administración de procesos electorales.

El futuro de los procesos electorales en la República Dominicana debe comenzar cimentándose en un proceso de designación de los miembros de los órganos electorales que evite la imposición de la mayoría y genere la confianza necesaria para implementar correctamente el segundo paso que hay que dar, y que será objeto del segundo y siguientes artículos de esta serie: dotar al país de una ley de partidos y una nueva ley electoral, que garantice procesos eficientes con la equidad que manda la Constitución.

Depositan acusación contra cuatro implicados en caso OISOE; no incluye a Pimentel Kareh

El Ministerio Público acusó a los imputados de haber incurrido en los delitos de asociación de malhechores, funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con su calidad y la extorsión en ocasión de las funciones que desempeñaban.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó acusación en contra de los exfuncionarios Alejandro Isidoro De Los Santos Serrano y Yoel Soriano Fabián, el abogado Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, por la comisión de presuntos actos de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Sin embargo, la PEPCA no incluyó a los ingenieros José Pimentel Kareh y José Florencio, ex director y ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de la acusación de presuntos actos de corrupción en esa institución.

En su instancia, dirigida al Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público acusó a los imputados de haber incurrido en los delitos de asociación de malhechores, funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con su calidad y la extorsión en ocasión de las funciones que desempeñaban.

Destacó que el acusado Alejandro Isidoro de los Santos Serrano, en su condición de encargado del Departamento de Edificaciones Escolares (a nivel nacional) hasta el año 2015, presuntamente cometió acciones de usurpación de títulos o funciones y el ejercicio ilegal de la profesión.

“Delitos de asociación de malhechores, funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con su calidad y la extorsión en ocasión de las funciones que desempeñaban”

Asimismo, es imputado por lavado de activos, conductas que implican el incremento de patrimonio mediante la adquisición y posesión de bienes derivados de su actividad delictiva.

En tanto que Yoel Soriano Fabián, quien fungía de coordinador en la Dirección Técnica y Unidad de Proyectos Especiales, en la provincia Monte Plata, en coautoría con el acusado Alejandro de los Santos Serrano y Julio Rafael Pérez Alejo, es acusado coalición de funcionarios, asociación de malhechores, extorsión y delitos de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles a sus funciones, cometidos en perjuicio del Estado dominicano y del arquitecto David Rodríguez García.

En el caso de Juan Ernesto Romero Pérez y abogado Julio Rafael Pérez Alejo, quien aunque no laboraba en la OISOE, está involucrado en el caso por alegadamente ser la persona que prestaba el dinero para el avance de las obras, fueron acusados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, entre ellos, delitos de asociación de malhechores junto a los exfuncionarios de la referida institución.

La PEPCA, dirigida por Laura Guerrero, informó que están a la espera de los trabajos que adelanta la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que puedan derivar hallazgos útiles para procesos futuros o ampliación del presente caso de la OISOE.

En este sentido, destacó los avances del organismo auditor en la culminación de una auditoría en la OISOE respecto a las gestiones de los períodos agosto 2012-2015 y el Hospital Docente Universitario Darío Contreras, así como de auditorías a los estados financieros que comprenden el Balance General y Estado de Resultados, por los años comprendidos entre 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 y un resumen de políticas contables.