La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) entregaría a la Procuraduría General de la República los documentos relacionados con 74 empresas vinculadas a Ángel Rondón y otras 38 relacionadas con los demás implicados en el caso Odebrecht, dijo a este diario una fuente de la entidad.
Se limitó a indicar que se trata de un trámite y que la DGII cumplirá con la provisión de esas informaciones en el marco de lo establecido por la ley.
La escueta respuesta fue en relación a lo revelado por Diario Libre hoy en el sentido de que el 25 de septiembre del 2017, el procurador Jean Alain Rodríguez envió al director de la DGII, Magín Díaz, una comunicación solicitando las declaraciones juradas de impuestos pagadas por el empresario, a quien Odebrecht ha señalado como la persona a la que entregó 92 millones de dólares para el pago de sobornos en República Dominicana para facilitarle la obtención de contratos de construcción de obras públicas.
De acuerdo con la información, el pedido incluye 74 empresas que se vinculan con Rondón, quien cumple una medida de coerción que le impide salir de su residencia.
El pedido incluye, además, los nombres de personas físicas o jurídicas, ya sean compañías, fundaciones, consorcios en las cuales figure como propietario de acciones, así como su participación accionaria, las declaraciones y tipo de formularios utilizados por el empresario como persona física desde el año 2000.
El diario cita otra comunicación del 20 de diciembre de 2017 en la que el procurador Rodríguez pide la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes de 38 empresas vinculadas a los 14 imputados en el caso de Odebrecht.
UN APUNTE:
Los pedidos de entrega de documentación a la Dirección General de Impuestos Internos de parte de la Procuraduría General de la República fueron realizados el 25 de septiembre del 2017 y el 20 de diciembre del mismo año, e incluyen todos los datos relacionados con 112 empresas, 74 relacionadas con Ángel Rondón y 38 con el resto de los implicados.
La empresa dijo que pagó sobornos en República Dominicana por 92 millones de dólares, iniciándose un proceso que involucra 14 altos dirigentes políticos, legisladores y empresarios.
