Los acusados se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios, crearon créditos falsos y compraron villas, yates, entre otros bienes
El expediente depositado por el Ministerio Público contra los imputados en la Operación Búho establece que estos crearon una estructura delincuencial, la cual respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa Jorge Eligio Méndez, quien posteriormente se convirtió en administrador general.
Los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) están acusados de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones a través de la falsificación de documentos, robo de identidad, entre otros delitos.
Eligio Méndez comenzó a posicionar en puestos administrativos de la cooperativa a familiares y personas de confianza, que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuesen “un patrimonio propio”
Méndez designó a Ana Cecilia Tejada Santos, como gerente de oficina principal desde el año 2017, a Julio César Minaya Mejía, como auditor interno desde el año 2018; a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, como encargado del departamento de crédito desde el 2015, este último sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para desempeñar esa posición.
Asimismo, según el Ministerio Público, fue designada como oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos a Amalia María Sánchez Méndez, desde el año 2015; ascendió a Breily Ricardo Montero al puesto de encargado de tecnología y nombró a Roanni Peña Aybar.
El documento señala que los encartados utilizaron documentos falsos como garantías y se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que ese dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes de la cooperativa.
Según establece el documento, los imputados creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de otros socios que participaban en la estructura criminal; con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), que generaban intereses que eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
Los acusados adquirieron bienes suntuosos como villas, vehículos alta gama, yates, entre otros y utilizaron como método de pago los certificados financieros sin garantía o respaldo colateral. Esto generaba intereses mensuales que eran retirados por los vendedores, cuyo dinero salía de los socios de la cooperativa.
