Los nombres del ex pelotero de grandes ligas Samuel Peralta Sosa (Sammy Sosa) y su hermano José Antonio Peralta Sosa, aparecen en el expediente acusatorio denominado «Operación Anti Pulpo» con el cual el Ministerio Público acusa a la familia Medina Sánchez y ex funcionarios del pasado gobierno de haber participado en una red criminal que desfalcó las arcas públicas.
El nombre del ex pelotero de grandes ligas y su hermano es mencionado como titular de la empresa Smart Investment Solution 21, SRL, la cual se asoció con Alexis Medina y los testaferros de este para proveer de cemento asfaltico AC-30 al estado dominicano.
Dicha empresa fue utilizada para la emisión de una cuenta bancaria en el Brickell Bank de los Estados Unidos de Norteamérica, así como también para tomar facilidades de crédito a través de préstamos o línea de crédito hasta un monto de US$4 millones.
También la empresa de los hermanos Sosa Peralta fue autorizada para gestionar un préstamo o línea de crédito en el Banco del Progreso hasta un monto de US$10 millones.
Hasta ahora las autoridades han podido determinar que presumiblemente General Supply Corporation, SRL, empresa que Alexis Medina utilizaba para proveer cemento asfaltico AC-30, simulaba despachar una cantidad muy superior a la que realmente utilizaban para el asfaltado de las calles. Así lo pudieron comprobar con el pedido realizado con la factura No.2018-58 con la cual se despachaban 500,000 mil galones de cemento asfaltico AC-30, sin embargo en documentos encontrados en los allanamientos que se realizaron a propiedades de Alexis Medina se pudo comprobar que fue de apenas 166,000 los galones despachados.
El expediente acusatorio hasta ahora tiene 267 páginas que abarcan apenas una parte de todo el entramado criminal que habría dirigido Alexis Medina y «una cabeza superior», según dice el propio Ministerio Publico en el expediente.
Hay que señalar que el expediente penal tiene un relato impecable de los hechos imputados, aporta elementos probatorios contundentes, y sigue una ruta temporal de todo cuanto se hizo para desfalcar los recursos públicos a través del uso de empresas de carpeta que nunca perdieron una licitación pública, a pesar de que ni siquiera tenían una plantilla de empleados registrados en el Ministerio de Trabajo
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