SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana proclamó este 2017 como el “Año de la lucha por el fin de la impunidad”, comprometiéndose a brindar constante apoyo a la coalición Marcha Verde, tras considerar que la única garantía para revocar las elevadas tasas de corrupción en el país es la presión masiva y persistente de la sociedad.
Así fue declarado en el marco de la celebración de su 23 Asamblea General Ordinaria, realizada en el salón de actos del Convento de los Dominicos, en la que sus miembros activos participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron cuatro de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.
En el acto de proclama se determinó priorizar la promoción de conciencia sobre “las graves implicaciones sociales, económicas e institucionales de la corrupción en todas sus expresiones y de la impunidad que la fomenta”, así como de los principios constitucionales y legales que proscriben y sancionan estos flagelos. También se decidió promover la creación de un Comité Jurídico que se constituya en parte civil acusatoria en casos documentados de corrupción.
Asimismo, se reafirmó el compromiso de “elevar la presión por la aprobación de las tantas veces aplazadas reformas políticas y electorales llamadas a establecer límites a la malversación de los recursos públicos, al rentismo y el clientelismo corruptor, a regular efectivamente y transparentar la gestión partidista y las campañas electorales”.
La coordinadora general, Josefina Arvelo, hizo un recuento de las principales acciones y avances de 2016, destacando el importante rol del movimiento en el proceso de observación en las pasadas elecciones, en el que participaron 2,377 voluntarias y voluntarios. Resaltó además las demandas por mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Se refirió igualmente a las múltiples acciones de incidencia y educación para la defensa y fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, así como para la transparencia e integridad en la gobernabilidad financiera.
Informó que en el pasado año se celebró el décimo aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), desde el cual se impulsa la creación de centros de mediación y conciliación en distintos puntos del territorio nacional para contribuir a la construcción de una cultura de paz y seguridad ciudadana. En 2016 se inauguró la 9na Casa Comunitaria de Justicia y se logró beneficiar a 46,224 personas, para un alcance de más de 257,000 beneficiarias y beneficiarios en el período de vida del proyecto.
Reconoció la labor de los integrantes de la Red Regional de Seguridad Ciudadana y el impacto del Plan de Prevención contra la delincuencia y el Crimen que está implementando la organización en Cienfuegos y en Las Caobas, e invitó a cada miembro, voluntario o ciudadano preocupado por la inseguridad a trabajar de manera activa para lograr la reforma y modernización de la Policía Nacional, el fortalecimiento y la independencia del sistema de justicia, instituciones importantes en la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
Arvelo también enumeró los nuevos acuerdos firmados con diversas instituciones como: el Centro de Orientación Integral (COIN), el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADIS); el Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Fundación Sur Futuro y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Durante la Asamblea se eligieron como nuevos miembros del Consejo Nacional Ángela Calvo, Sonia Díaz, Pedro Acevedo y Miguel Collado, quienes pasaron a sustituir a Cándido Mercedes, Josefina Arvelo, Somnia Vargas y Luis Sánchez Limardo.
Participaron también del encuentro la directora ejecutiva Rosalía Sosa, así como los miembros del Consejo Nacional Juan Bolívar Díaz, Fátima Lorenzo, Nelly Heredia, Argentina Gutiérrez, Alcibíades Moreta, Marisela Duval y Julio César Urbáez.
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