LA MAGISTRADA KAREN MONTOYA REENVIÓ LA AUDIENCIA PARA 10 DE MARZO
Santo Domingo
La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo aplazó para el 10 de marzo el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio en contra de los acusados de secuestrar y asesinar a la menor Carla Massiel Cabrera, quien desapareció el 25 de junio de 2015 en el sector Los García de Pedro Brand y su osamenta fue hallada el 16 agosto de 2016.
La magistrada Karen Montoya reenvió la audiencia debido a que los imputados Juan Cabral Martínez (Chuti) y Dawin Trinidad Infante, no fueron trasladados al tribunal desde la cárcel de San Pedro de Macorís y del penal de La Victoria.
También el tribunal tomó la decisión de aplazar la audiencia a fin de citar a la hija del propietario de la Clínica Integral, Liliana Santana, de manera formal, contra quien se querelló la familia de la menor asesinada.
De su lado, el abogado Luis Rivas, quien representa a Liliana Santana, entiende que no procede su sometimiento bajo el argumento presentado por el imputado Trinidad Infante, quien alegó que su cliente le entregó tres mil 600 dólares.
El jurista sostiene, sin embargo, que para esa época su cliente, estaba convaleciente en una operación de un parto prematuro, tras señalar que se ha podido comprobar lo que calificó como cada invento de Trinidad Infante y no se ha podido contactar que eso se corresponda con una realidad.
"Entonces, no puede ser que una acusación tan seria se fundamente en lo que dijo un acusado y que luego de eso se demuestra que todo eso es mentira, eso es una perversidad", acotó Rivas.
La acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados fue presentada por la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, el 6 de octubre de 2016. En esa fecha, fue apoderado del caso al Tercer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción.
En la acusación, el fiscal Gilberto Castillo Fortuna, encargado de la investigación del caso, pidió al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra de los imputados y que sea ratificada la medida de coerción de prisión preventiva de un año.
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