SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Por incumplir el Código Procesal Penal en sus figuras jurídicas de la Conciliación, la Suspensión Condicional de la Pena y el Procedimiento Penal Abreviado, el juez José Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público.
Según el juez presidente de la coordinación de Juzgados, el acuerdo no podría traer conciliación entre las partes porque no se ha llevado a cabo un proceso penal contra la empresa extranjera por parte del Estado dominicano.
Robert Valdez, abogado de Odebrecht.
“Esto en virtud de que el instituto jurídico de la conciliación en el cual fundamentan sus pretensiones fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre denunciantes, victimas, querellantes y querellados”, resaltó Vargas durante la lectura del fallo del acuerdo señalando a su vez que dicho aspecto no es el adecuado para elaborar un convenio como este.
Empero, indicó que dicha decisión no impide que se lleve a cabo un acuerdo entre ambas partes con respecto al caso que se investiga en la Procuraduría General de la República.
Asimismo, resaltó que el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad, además que se trata de hechos graves y en consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.
Todo sobre Odebrecht
“El Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes”, agregó el juez.
Penalización
Vargas explicó que existe el principio de oportunidad que faculta al Ministerio Público a aplicar criterios de aminoración de la pena o prescindencia de la acción penal bajo ciertas reglas.
Miembros del movimiento Marcha Verde.
Expresó que dicho acuerdo podría impedir un proceso penal contra las partes involucradas en el soborno admitido por la empresa constructora Odebrecht a funcionarios dominicanos.
“Es difícil para cualquier nación disponer de caudales necesarios para procesar penalmente todas aquellas conductas de apariencia delictiva que llegan a oído de las autoridades o desarticular bandas criminales, sin contar con cooperaciones negociadas”, añadió.
‘‘El juez hoy ha dado muestra de que aún hay Patria’’
El exdiputado Manuel Jiménez aseguró que la decisión del juez es una nueva oportunidad para que la sociedad se una en la lucha y vigile el proceso para que ‘‘los culpables paguen por sus delitos’’.
‘‘Ahora es que precisamente la lucha del pueblo debe manifestarse en todo su esplendor y en todas sus vertientes’’, afirmó enérgicamente.
Manuel Jiménez, exdiputado y querellante.
Resaltó que tanto él como los grupos sociales que se han movilizado durante las últimas semanas, exigiendo ‘‘el fin de la corrupción y la impunidad’’, están satisfechos con la decisión, que es una ‘‘luz verde’’ para el inicio del verdadero proceso de investigación.
De hecho, Jiménez aseveró que ahora es que la querella que había interpuesto en contra de Marcelo Hofke, Víctor Díaz Rúa y Ángel rondón ahora entraba en vigencia. ‘‘Porque tiene que ser mediante una investigación que se determine la culpabilidad de cada quien y lo que le toca pagar por su delito’’, continuó.
Otros integrantes del movimiento Marcha Verde y del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático –quienes también habían sometido al Procurador, Odebrecht y Ángel Rondón– se encontraban desde tempranas horas de la mañana a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Expresaron su aprobación ante el fallo del juez Vargas. También, indicaron que fue una decisión ‘‘sabia’’ y apegada al derecho, pues catalogaron el acuerdo como ‘‘antijurídico’’.
“La homologación es una traición”, vociferan miembros de la Marcha Verde.
‘‘El juez ha respondido justamente en función de los principios y los preceptos de la Constitución dominicana y de nuestras leyes’’, concluyó Jiménez.
En efecto, hace varias semanas que organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de la oposición han mostrado su desacuerdo con la homologación de la negociación que tuvo el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y la constructora brasileña a través de marchas y movilizaciones. Sus argumentos rezaron precisamente como uno de los planteamientos del juez Vargas durante la audiencia: la indemnización no les ahorra el crimen.
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