La comisión la integran el presidente de la SCJ y del CPJ, doctor Mariano Germán Mejía; el consejero representante de los jueces del alto tribunal, Víctor José Castellanos, y el consejero representante de la Corte de Apelación, Etanislao Radhamés Rodríguez.
La decisión está contenida en el Acta 04/2017, a través de la cual el CPJ da constancia de su gran preocupación por los inconvenientes y en particular por la inseguridad jurídica que crea la aplicación de dicha Ley 140-15.
Considera que la ordenanza suplanta las funciones de los alguaciles, al atribuirles a los notarios las prerrogativas de la realización de embargos y desalojos, lo cual choca con la tradición jurídica del país.
El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, ratificó que el proyecto modificación de la Ley del Notariado tiene como objetivo evitar las contradicciones que afectan la norma vigente, particularmente por el cobro de los honorarios y las nuevas funciones a ser ejercidas por los notarios, en sustitución de los alguaciles.
Destaca que el proyecto del Poder Judicial viene a fortalecer la función del notario, el cual está comprometido con la seguridad jurídica, porque sus actuaciones deben caracterizarse por la imparcialidad, confiabilidad, eficiencia, eficacia y apego irrestricto a las normas.
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