El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, consideró que las recientes modificaciones al nuevo Código Penal no constituyen una reforma integral, sino «parches» que dejaron sin abordar aspectos esenciales de la legislación.
Durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, el jurista afirmó que los cambios aprobados fueron realizados con premura y que la mayoría corresponde a aspectos de forma, sin resolver los temas de fondo.
“Esto no fue una reforma integral del Código Penal, sino la colocación de parches que tal vez tenían por finalidad decir que se modificó el Código”, sostuvo.
Álvarez Valdez lamentó que una ley aún no haya entrado en vigencia y ya haya sido objeto de modificaciones, situación que, a su juicio, evidencia deficiencias en el proceso legislativo.
Indicó que la vacación legal de un año concedida al Código no tenía como objetivo modificar su contenido, sino permitir que las instituciones y la ciudadanía se prepararan para su aplicación.
Pide despenalizar la difamación e injuria
El coordinador de Participación Ciudadana defendió que los casos de difamación e injuria deben mantenerse en el ámbito civil y no penal, al advertir que los periodistas podrían ser los principales afectados con la legislación.
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Asimismo, criticó que durante el proceso de reforma no se debatieran temas como las tres causales del aborto ni la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
“Hay conciencia de los daños que produce la corrupción en la República Dominicana, pero ese tema tampoco fue discutido”, manifestó.
Advierte impacto para el sector empresarial
Álvarez Valdez sostuvo que uno de los sectores que más sentirá los efectos del nuevo Código Penal será el empresarial, debido a la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Explicó que las empresas deberán implementar mecanismos de cumplimiento para evitar ser responsabilizadas por delitos cometidos en su estructura, una exigencia que, según dijo, representará un reto especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Agregó que el Congreso solo extendió por tres meses la entrada en vigor de los artículos relacionados con la responsabilidad penal de las sociedades comerciales para facilitar su adaptación.
Expresa preocupación por retraso del CNM
El jurista también manifestó preocupación por la falta de convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que debe evaluar a 11 de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Señaló que el plazo constitucional para realizar ese proceso venció en abril y consideró que el Gobierno debe explicar las razones del retraso.
Además, opinó que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia debería recaer en un juez de carrera, por entender que esa decisión fortalecería la institucionalidad del sistema judicial dominicano.
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