El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este jueves la recusación presentada en contra de la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, quien tiene a su cargo el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
El pleno sesionará en cámara de consejo para decidir sobre el recurso interpuesto por la defensa del imputado.
La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La programación de esta audiencia se produce luego de que el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, estudiara el caso y presentará su recomendación técnica al pleno. El juez fue designado mediante auto administrativo, por el presidente de la Suprema, Henry Molina.
Los jueces del pleno de la Suprema deberán decidir si confirman a Muñiz en el proceso o si designan a un nuevo magistrado para conocer la medida cautelar.
Los motivos de la recusación
El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad.
Según la defensa, la magistrada no debería conocer la coerción debido a que autorizó previamente al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas críticas, entre ellas la "entrega vigilada" del dinero del supuesto soborno.
Aunque la magistrada rechazó los cuestionamientos y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado a la SCJ para su fallo definitivo.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
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