Han pasado exactamente dos semanas desde que en la noche del sábado 18 de marzo, el Ministerio Público pusiera en acción la “Operación Calamar” y debido a ello resultaran detenidas unas 20 personas por sus implicaciones en lo que fue catalogado por la procuradora adjunta y directora de persecución, Yeni Berenice, como “un desfalco al Estado sin precedentes”.
Unos 14 días, dos aplazamientos y dos recesos después, este domingo los principales imputados preparan sus defensas luego de que la noche del viernes la mitad de los señalados en el expediente por las autoridades admitieran ante la jueza Kenya Romero, del Tribunal del primer juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, sus implicaciones y aceptaran colaborar ante el Ministerio Público.
Los imputados Angel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero admitieron ante el tribunal sus implicaciones en el hecho a cambio de una medida de coerción menos “gravosa” que los 18 meses de prisión preventiva previamente solicitada por las autoridades.
A la salida de la sala de audiencias, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que a eso 10 implicados se le variará la solicitud de medida de coerción, por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y devolver el dinero que obtuvieron de manera ilícita.
“Debemos confesar que lo que ha ocurrido hoy (viernes) en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso….estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables y por esas razones llegaron a un acuerdo”, indicó Camacho a los miembros de los medios de comunicación.
“Un guión muy bien hecho”
La defensa del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, uno de los principales implicados en caso Calamar, manifestó que las admisiones de culpabilidad de 10 de los imputados “no afectan” a su cliente “en lo más mínimo”.
“La audiencia de hoy (ayer) fue un guión muy bien hecho…la defensa sigue igual porque ninguna de esas 10 personas mencionó a Gonzalo Castillo, salvo el señor Angel Lockward, quien dice que una persona, Fernando Crisóstomo, le dijo que Donald Guerrero le dijo que ese dinero era para la campaña de Gonzalo Castillo contradiciendo declaraciones que había dado públicamente antes de ser arrestado, por lo tanto para la defensa de Gonzalo Castillo, nada ha cambiado desde el primer día”, expresó la jurista.
Acosta recalcó además que se mantienen solicitando la “libertad pura y simple” de su cliente, ya que no existen arraigos que manden a una prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado del excontralor, Daniel Omar Caamaño Santana, indicó que ellos no están pensando en negociar con el Ministerio Público y que por esa razón se mantendrán luchando por la “inocencia de su cliente, porque para eso son los tribunales”
Faltan por declarar
Tras el Ministerio Público concluir con la lectura del expediente y la mitad de los implicados comparecieran ante ella, la jueza Romero decidió recesar la audienca hasta el domingo a las 9:00 de la mañana.
Ese domingo tendrán su turno para declarar ante el tribunal, Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor de la República; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña Peña, quien se desempeñó como director de Catastro Nacional; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor del exministro de Hacienda y Princesa Alexandra García Medina, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda.
También comparecerán ante la jueza Romero, Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación y Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Al igual que los exministros y tres principales implicados, Gonzalo Castillo (excandidato presidencial y titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), Donald Guerrero (incumbente del Ministerio de Hacienda) y José Ramón Peralta (ministro Administrativo de la Presidencia).
Las imputaciones contra los detenidos
La imputación preliminar Pepca en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como el artículo 123 del Código Penal que califica la coalición de funcionarios para delinquir, el 166 sobre prevaricación, el 171 sobre apropiación ilícita de fondos públicos, el 172 que castiga el desfalco, el 174 que condena la concusión, el 175 sobre recompensas indebidas por sus servicios y el 177 relativo al soborno y cohecho.
Igualmente, el ministerio público considera que el grupo es culpable de violar otros artículos del Código Penal, entre ellos el 265 y 266 sobre asociación de malhechores, así como el 405 sobre estafa mediante manejos fraudulentos.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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