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Santo Domingo.
La organización cívica no partidista Sed de Justicia depositó esta mañana una querella en la Procuraduría General de la República querella donde afirma  que Castillo y Pepín (últimos incumbentes del Ministerio de Obras Públicas), supuestamente en el ejercicio de sus funciones cometieron malversación de fondos públicos y defraudación  en la compra grado a grado de más de  19,000 millones de pesos en Hormigón Asfáltico caliente (HAC), en los periodos abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.

El interés de la organización es que se apliquen penas ejemplares en los casos de corrupción pública probados para acabar con el régimen de impunidad imperante en República Dominicana. La denuncia penal está acompañada de un conjunto de pruebas para evaluación por parte del Ministerio Público y una solicitud de un conjunto de acciones para resarcir los daños sufridos por el Estado y recuperar los fondos públicos malversados.

El 19 de diciembre del pasado año, en el programa El Informe, se  reveló que en el Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado 39 contratos grado agrado a compañías previamente elegidas  por él, a las que compró más de RD$11500 millones de pesos en hormigón asfaltico  caliente HAC, sólo en el periodo abril-septiembre de 2019, en un esquema de  coalición para delinquir de los funcionarios responsables de ese ministerio,  encabezados por Castillo Terrero y Pepín, a la sazón ministros de Obras Públicas en los períodos investigados, pues el segundo fue el sustituto del primero.

Sed de Justicia es una organización creada por un grupo de profesionales de la comunicación y el derecho que, junto con empresarios, activistas sociales y comunitarios, tiene como objetivo velar por que las instituciones del Estado transparencia y que la corrupción sea sancionada en todos los niveles, tanto públicos como privados.

Asimismo, sugirieron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que para  asegurar que los implicados no se sustraigan al proceso investigativo o  puedan maniobrar para entorpecer la acción de la justicia, se adopten de  medidas cautelares provisionales de impedimentos de salida, e inmovilización de los  bienes de Castillo y Pepín, incluyendo el bloqueo de los activos y  cuentas de bancos personales y de las empresas vinculadas Grupo GAMPSA ( Helidosa  Aviation Group, Constructora Castillo López S.A., Minicompsa & Perla Del Sur Investment  Group) así como otras empresas y bienes muebles o inmuebles que el Ministerio Público determinen estén vinculadas, y otros funcionarios que resulten implicados en los hechos denunciados.

Castillo había sido querellado en el 2019 por supuesta prevaricación, soborno en el comercio y la inversión y enriquecimiento ilícito producto del narcotráfico.

Cabe destacar que la Procuraduría General de la República no es un tribunal y que para que pueda ser enjuiciado cualquier funcionario denunciado por ante esta institución, la misma debe hacer el sometimiento por ante la jurisdicción judicial correspondiente, luego de las investigaciones correspondientes. De lo contrario, todo que ahí, en una simple querella.