Santo Domingo. – Una denuncia sobre la adjudicación de un contrato a una empresa que no participó en la licitación, provocó este miércoles, después de una investigación oficial, la destitución de siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y la renuncia de su directora, Berlinesa Franco.
Todo comenzó por la denuncia hecha por Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Zeta S.R.L, la cual participó en el concurso para la adquisición de 40,000 kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25,000 familias de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
Una comisión designada por el presidente Danilo Medina investigó el proceso de urgencia de Inaipi marcado como INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 y encontró que se “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”.
Según la petición que se hizo a los interesados, esto es lo que debería contener uno de los 40 mil kits que fueron adjudicados por un valor de 2,500 pesos cada uno y que, según Pablo Cabrera, estos se podían armar con solo RD$600:
(Esos precios incluían el empacado y distribución a nivel nacional)
– Cinco libras de arroz.
– Dos libras de habichuelas.
– Una caja de galletas de soda 20/1.
– Dos paquetes de espaguetis 400 g.
– Tres latas de salchichas 10 oz.
– Cuatro latas de sardinas 10 oz.
– Una lata de cereal 270 g.
– Una leche en polvo 360 gr.
Tras determinarse que hubo irregularidades, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció la noche de este miércoles que fueron destituidos por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el director de operaciones, Ricardo Guzmán; la directora de Compras, Maira Martínez; Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.
Sobre el estado y las compras de emergencia
El 26 de febrero, el presidente Danilo Medina, declaró de emergencia, a través del decreto 87-20, las compras y contrataciones para la preparación, la prevención y la respuesta ante el ingreso al país de personas afectadas por coronavirus. En este documento solo se faculta al Ministerio de Salud Pública realizar dichas compras y contrataciones.
Cuatro días después de dado a conocer el decreto, se anunció el primer caso importado. En la actualidad, en el país ya hay 2,111 personas contagiadas y 108 muertes por COVID-19.
Ya el 19 de marzo, el mandatario declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional, en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución 62-20. La disposición del Poder Ejecutivo está contenida en el decreto 134-20, en el cual se basó el Inaipi para realizar las compras de los kits alimenticios.
Ese mismo 19 de marzo, Medina emitió el decreto 133-20, que amplía la declaratoria de emergencia a cinco instituciones, para ejecutar iniciativas de prevención, asistencia médica y construcción de infraestructura de salud pública ante el coronavirus.
Las instituciones son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Otros cuestionamientos surgieron en la adjudicación de contratos durante el estado de emergencia por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS). Se denunció que las licitaciones fueron adjudicadas a empresas que recién fueron creadas, que no cuentan con el inventario de almacén para cumplir con lo contratado y que no se dedican al área de insumos médicos, sino de construcción.
Pero en este caso, la directora general de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, aseguró en un comunicado que los procedimientos de compras y contrataciones, bajo el esquema de emergencia, realizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) cumplieron con los principios de publicidad y participación establecidos.
“En los casos denunciados, y dado que los proveedores no cumplieron con el plazo de entrega, el SNS y el MISPAS, notificaron la rescisión de las adjudicaciones, iniciaron el procedimiento para solicitar la inhabilitación por incumplimiento y se está procediendo a realizar nuevamente la publicidad de los requerimientos”, dice un comunicado de prensa de la Presidencia.
Tras esto, el presidente creó la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, para dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones llevados a cabo bajo el esquema de compras de emergencia.
La comisión estará integrada por un representante del Consejo Nacional de la Empr
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