Al parecer en el Ministerio de Educación hay una “botija”, de la cual sus máximos funcionarios deben repartirla entre sí, sin importar que existan escuelas, como en comunidades de esta ciudad, que carecen hasta de letrinas y servicios de agua y electricidad.
La repartición de los recursos es de tanta magnitud, que los últimos Ministros han salido de esa Cartera con una sólida posición económica, que les han permitido lanzar proyectos políticos en busca de la presidencia de la República.
Ese aparente “manejo turbio” de los recursos, que son enriquecido cada año con la asignación del 4% del Presupuesto General de la República, no ponen en atención a las autoridades de la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Hoy mismo el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, confirma que el arquitecto Andrés Navarro, de manera abusiva dejó en su despacho una serie de irregularidades a corregir, como 8 mil docentes nombrados sin concurso y 100 escuelas iniciadas y abandonadas.
Donde “la puerca retuerce el rabo”, es cuando el nuevo funcionario hace saber que Navarro dejó una nómina administrativa que supera los 110 mil empleados, de los cuales, dos mil fueron nombrados a solo unos días antes de abandonar el cargo, para abrazar su proyecto presidencial.
No será tarea fácil para el nuevo Ministro, Antonio Peña Mirabal, encarar esas irregularidades administrativas y reponer las relaciones amistosas con la ADP, un gremio que históricamente ha sido un activo importante, para una gestión exitosa en el sistema educativo nacional.
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