Santo Domingo, 3 abr.- La situación de los haitianos en República Dominicana vuelve a ser tema de debate después de que el mes pasado se presentará un recurso de inconstitucionalidad a la ley de naturalización con la que se trató de ofrecer una solución a las personas de origen haitiano afectadas por una sentencia.
Consultado sobre el informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que instó al Estado a restituir la nacionalidad dominicana de los afectados por la ley y la sentencia, el canciller Miguel Vargas señaló hoy que esta legislación “se contempló en el marco de ese gran consenso nacional”.
En 2014 el Congreso Nacional (bicameral) aprobó la ley 169-14, la norma de naturalización con la que se trató de ofrecer una solución a las personas de origen haitiano afectadas un año antes por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que fija los criterios sobre la nacionalidad y que afecta básicamente a las personas nacidas en el país de origen haitiano.
En declaraciones a periodistas, Vargas precisó que dicha ley “corresponde precisamente a lo que debe ser este proceso migratorio que está llevando a cabo República Dominicana”.
Sobre el tema también se refirió hoy el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, quien defendió la legislación y afirmó que en el país no hay apátridas.
Medios de comunicación han informado en los últimos días sobre la eventualidad de que el TC declare inconstitucional la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país e inscritas irregularmente en el registro civil dominicano.
En ese sentido, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) señaló en un comunicado que “resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia”.
Precisó que “pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta Ley, la misma ha comenzado a dar frutos en la dirección esperada”.
La muestra más reciente de ello, apuntó la reconocida entidad, es que en la semana pasada la CIDH excluyó al país de su “lista negra” en la que la había incluido en su informe del año pasado.
Una sentencia del TC en esa dirección “supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de nuestras instituciones”, agregó.
El debate se avivó este fin de semana tras la lectura del sermón de las Siete Palabras con motivo del Viernes Santos en la Catedral de Santo Domingo, en la que sacerdotes arremetieron contra los sectores que, a su juicio, fomentan la xenofobia en el país.
Una encuesta publicada hoy por la firma Asisa Research Group indica que el 81 % de los dominicanos afirman que la situación de inmigración haitiana es perjudicial para el país, principalmente por su efecto en el aumento de los delitos (41,5 %) y el desplazo de trabajos (40 %).
Según los datos de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), en la República Dominicana residen 524.632 personas extranjeras, de las que 87,3 % son del vecino Haití.EFE
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