Por Héctor Solís
El ex director de distrito cobra en tres nóminas del estado violando la constitución de la república
Es el segundo de los alcaldes de la provincia que figura en doble nomina, que en contradicción con la ley está devengando un salario en dos instituciones del estado, el anterior lo es José Altagracia Valenzuela alcalde del municipio de Las Matas de Farfán, que aparecer como embajador adscrito con salario de 50 mil pesos.
Es el segundo de los alcaldes de la provincia que figura en doble nomina, que en contradicción con la ley está devengando un salario en dos instituciones del estado, el anterior lo es José Altagracia Valenzuela alcalde del municipio de Las Matas de Farfán, que aparecer como embajador adscrito con salario de 50 mil pesos.
El caso más reciente pertenece al encargado municipal de El Cercado, el Lic. Orlando Mateo que tras ser electo como alcalde de ese municipio, aún sigue figurando como director distrital 02-04 en la nómina de educación y cobrando el salario de 102 mil 328 pesos con 58 centavos sin impuestos correspondiente al ultimo mes de septiembre 2017.
Su tarjeta como empleado del Ministerio de Educación de la Republica Dominicana es la 59-24, además el alcalde del Cercado está en la lista de pagos de pensionados tarjeta 59-215 del INBIMA con otro salario de 30 mil 591 pesos.
La constitución de la República en su artículo 144 establece que “ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia”. Pero una gran contradicción con este caso es que el educador está en la categoría de pensionado y empleado a la vez. Raro verdad?
Uno de los principios de esta ley establece que esta debe ser aplicada de manera correcta, descartando cualquier excepción, esto con el fin de asegurar que ningún funcionario ocupe dos cargos a la vez.
Recuerda también que la ley establece en su artículo 32 que los funcionarios que incumplan las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en esta ley, así como aquellos que den un mal uso a los gastos de representación asignados, serán sancionados con la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas hasta por un período de cinco años.
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