La Marcha Verde en un punto de inflexión

En pocos meses el Movimiento logró expandirse rápidamente, llegando a tener representantes y contactos en cerca de 130 de los 157 municipios de la República, según levantamiento de sus activistas nacionales.

Antecedentes
Cualquier persona comprometida con el fortalecimiento institucional del país debe respaldar las iniciativas pacíficas, organizadas y participativas contra la impunidad y la corrupción, como el Movimiento Marcha Verde. Movimiento que emergió de la marcha nacional del 22 de enero 2017, teniendo como precedente un conjunto de luchas sociales a favor de una mayor inversión en educación, de la defensa del medio ambiente, del equilibrio fiscal y del sometimiento de imputados por casos de corrupción.

Esas luchas han constituido un ejercicio de movilización y empoderamiento ciudadano que fomenta dinámicas y estructuras participativas que incrementan el empoderamiento y el capital social del país. Los cuestionamientos a medidas oficiales y funcionarios públicos pueden resultar incómodos, y hasta injustos en ocasiones, pero son parte esencial de la democracia, y cuando los mismos son acogidos con receptividad contribuyen a enmendar situaciones que mejoran la gestión del Gobierno y la eficacia de sus políticas.

La asistencia masiva a la marcha que dio inicio a este Movimiento el pasado 22 de enero fue motivada principalmente por la indignación producida por el mega-escándalo internacional de Odebretch, que reveló la entrega de sobornos por 788 millones de dólares en 12 países de América Latina y África, incluyendo 92 millones en República Dominicana, según la propia empresa. A partir de ese momento han sucedido una serie de acciones similares que constituyen, en conjunto, la mayor movilización cívica de nuestra historia reciente.

Hay que destacar que el caso Odebretch irrumpió en un terreno fértil para la irritación ciudadana, al producirse en un contexto regional de creciente rechazo hacia la impunidad y la corrupción, en el que además, se han producido apresamientos y sometimientos judiciales a exmandatarios, funcionarios, dirigentes políticos y empresarios, algo impensable unos lustros atrás.  

Todo esto sucede, en un contexto nacional donde la preocupación por la corrupción viene creciendo en importancia, según indican encuestas que recogen los principales problemas identificados por la población dominicana.

Este Movimiento emerge en una coyuntura de descenso en el ciclo de altas y bajas en la popularidad del Gobierno, luego de intensos debates sobre la reelección presidencial y de un agitado proceso electoral, a pesar del alto porcentaje de votos obtenido por el presidente Medina. A esto se le suma el desgaste natural acumulado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), después de gobernar en 16 de los últimos 20 años con reconocidas luces y sombras.

Otro factor es la debilidad, desgaste y poca capacidad propositiva de la oposición en el país, lo que produce que parte de la población disgustada con el PLD canalice su descontento participando en las actividades del Movimiento, cuyo éxito hasta el momento ha motivado la integración y participación continua.

Asimismo, la Marcha Verde ha provocado que resurja la esperanza y el entusiasmo en personas que durante años han estado frustradas y desencantadas con las opciones políticas del país.

En pocos meses el Movimiento logró expandirse rápidamente, llegando a tener representantes y contactos en cerca de 130 de los 157 municipios de la República, según levantamiento de sus activistas nacionales.

A octubre del 2017, se han realizado nueve marchas en el país, que han contado con la asistencia de personas de diversos estratos sociales, destacándose la participación activa de jóvenes y sectores de la clase media alta, quienes normalmente no se involucran en actividades de este tipo. Igualmente, se han efectuado eventos similares en lugares del exterior donde residen comunidades dominicanas, tales como New York, Boston, Miami, España, Suiza, Canadá, Italia y Francia, entre otros.

Junto a personas sin militancia política, las marchas han incorporado a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de partidos minoritarios y de distintas fuerzas sociales del país. Los más activos provienen de los partidos minoritarios y del movimiento gremial y popular, mientras independientes y una cuota importante de simpatizantes del PRM, se suman principalmente a las actividades públicas.

También participan organizaciones barriales, sectores religiosos católicos y evangélicos, ambientalistas, organizaciones campesinas, miembros de la comunidad LGBT, entre otros. Esta conjunción de sectores y grupos diversos ha sido posible por el alto consenso que tiene el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, sobre todo en los niveles sociales medios y altos del país, así como entre intelectuales, artistas y personas con alta formación académica.

Dentro de este amplio espectro, existe entre los activistas principales el convencimiento sobre la necesidad de tener una buena convivencia para poder garantizar la continuidad del movimiento. Paradójicamente, son los pasados militantes de izquierda los principales abanderados de la armonía interna y la moderación externa. 

La dirección del Movimiento ha sido descentralizada, permitiendo la convocatoria de marchas y otras actividades por iniciativas locales, las cuales luego han sido coordinadas con los activistas nacionales.

A nueve meses de su inicio, la Marcha Verde tiene una amplia visibilidad y presencia, destacándose por la creatividad de su comunicación promocional y la utilización intensiva de las redes sociales, siendo un éxito en términos de participación ciudadana. Además, se ha convertido en un sujeto de referencia nacional, logrando en breve tiempo construir una identidad propia a partir del color que la representa y de su nombre.

Sin embargo, en cuanto a la razón de ser de este movimiento, es decir, la eliminación de la impunidad en el país, son escasos los resultados a exhibir. Aun cuando se considera que pudo haber influido en el apresamiento y sometimiento de personas implicadas en el Caso Odebretch, en la aceleración de la promulgación del decreto que oficializó el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en la escogencia de mejores integrantes para las altas cortes, donde pudo buscar tener mayor incidencia.

Asimismo, es posible que la Marcha esté incidiendo en la reducción de la propensión a la corrupción por parte de funcionarios públicos proclives a ese ilícito, quienes ahora pudiesen estar actuando con más prudencia y precaución al sentir una mayor vigilancia y fiscalización por parte de la sociedad.

El momento actual
Luego de la gran marcha del pasado 26 de julio, se han realizado las de Moca, Cotuí, Barahona y La Vega, así como el piquete de Punta Catalina. Sin embargo, parecería que el Movimiento ha entrado en una especie de meseta con pendiente descendente, tendencia que se agravará o revertirá en función de las variaciones del entorno y de la conducción general por parte de sus activistas principales.

El descenso podría estar sucediendo por una combinación de factores diversos, tales como el proceso cíclico que normalmente experimentan los movimientos sociales, la pérdida de la novedad inicial y la sobreutilización del recurso de la marcha; pero sobre todo, por no haber logrado resultados tangibles importantes, lo que afecta la motivación y razón del esfuerzo realizado. 

Además, han tenido un impacto negativo algunos planteamientos radicales contenidos en proclamas y manifiestos públicos, los cuales no corresponden a lo que son los movimientos sociales ni sintonizan con la subjetividad de las mayorías nacionales, quienes no aspiran a la ingobernabilidad ni al derribo del orden vigente, sino a mejorar lo existente.

Algunos de esos planteamientos, como la propuesta de enjuiciamientos -sin presentación de pruebas convincentes- a los presidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, así como la renuncia en pleno del Gobierno y la realización de una Asamblea Constituyente, distraen del objetivo principal al Movimiento y han generado aprehensión en sectores que se han desmarcado públicamente de los mismos.

Una forma de ayudar a abortar un movimiento social, es enarbolar propuestas emanadas de la propia subjetividad sin tomar en cuenta su resonancia en quienes deben calar. Es una manera emotiva de hacer política, donde se insiste en planteamientos para una catarsis personal, sin importar las consecuencias que puedan acarrear.

Una parte de los activistas principales del Movimiento no comparten esas posiciones e, inclusive, las cabezas más notables que las sostienen se han separado recientemente de su coordinación de forma amigable, sin cuestionarlo abiertamente y continuando con su asistencia a las actividades públicas.

Otro elemento a destacar, es que la irrupción de debates sobre temas como el de la migración haitiana y de otros llamados “valóricos”, entre los que se encuentran el aborto y los derechos de las personas LGTB, han conllevado fricciones por las grandes divergencias en torno a los mismos. Esto se evidenció con el conocimiento de las observaciones al Código Penal y cuando volvió a colocarse en la agenda pública el tema de la presencia haitiana en el país.

Un factor que puede activar el interés en la Marcha es la emergencia de acontecimientos como la puesta en libertad mediante fianza de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. La reedición de situaciones similares en el futuro producirá agregaciones y oscilaciones positivas. Pero, por otro lado, las respuestas contra la impunidad y la corrupción al margen del Movimiento, actuarán en sentido contrario. 

Hasta ahora, las marchas han sido una forma de lucha novedosa y atractiva, pero luce que han perdido parte de su efecto inicial, pudiéndose convivir con su presencia ocasional sin grandes inconvenientes ni contratiempos.

En términos generales, se percibe cierta repetición y una disminución del impacto de los métodos de lucha utilizados, por lo que, en lugar de continuar marchando indefinidamente con pocos resultados evidentes, parecería oportuno realizar una evaluación y un replanteamiento general.

Al parecer, los activistas principales han sentido esta necesidad, por lo que están desarrollando un amplio proceso de consulta en todo el país, el cual tiene previsto arrojar, al menos, un análisis de coyuntura, una propuesta de estructura y la definición de una serie de líneas de acción o de un plan estratégico. Este esfuerzo podría concluir con una redefinición del Movimiento, lo que conllevaría una serie de desafíos, algunos de los cuales se presentan a continuación.

Desafíos de la Marcha Verde
Sensibilizar más a la sociedad sobre las consecuencias de la impunidad y la corrupción
Es importante que la sociedad dominicana amplíe y profundice su comprensión sobre la corrupción, permitiéndole entender que este mal no se circunscribe exclusivamente al Estado, sino que también abarca acciones personales, colectivas y empresariales que se producen en cualquier espacio social y en la esfera del Sector Privado, y mucho más, cuando la misma corrupción estatal cuenta con la complicidad frecuente de actores de la sociedad y el sector privado.

Aunque entendiendo que la corrupción pública es la más perniciosa, por sus mayores consecuencias negativas para la sociedad. Pero destacando que los actos de corrupción que se dan en las empresas, los espacios sociales y los hogares (tales como eludir y evadir el pago de impuestos, tener doble contabilidad, alterar el peso en un colmado, dar dinero para agilizar trámites en instituciones oficiales, copiarse o sacar chivos en los exámenes, tener sexo por ventajas materiales, robarse la electricidad o el telecable, dar dinero a un AMET para no poner multa, etc.), también contribuyen a la conformación de una cultura nacional de la cual emergen políticos y personalidades viciadas que luego pasan a tener funciones y responsabilidades públicas.

Esa multiplicidad de comportamientos que son interiorizados por la población, tiene una alta cuota de responsabilidad en que la corrupción y la impunidad sean muy toleradas socialmente, no siendo rechazadas ni resistidas con la determinación debida.

Así mismo, hay que continuar ampliando y profundizando el entendimiento de que la impunidad y la corrupción afectan la institucionalidad, reducen el desarrollo, generan más pobreza e inciden en una mayor violencia y delincuencia, afectando la calidad de vida y el bienestar de la población.

Esa relación causal entre impunidad-corrupción y los males anteriores, no ha sido difundida ni comprendida suficientemente en el país.

Evitar que lo político partidista desplace lo reivindicativo
La Marcha Verde se alimenta fundamentalmente por integrantes con dos motivaciones principales. Por un lado, la indignación por grandes casos de corrupción no sancionados y, por otro, la frustración y resentimiento contra el PLD por parte de quienes han venido siendo derrotados en la mayoría de los torneos electorales de las últimas dos décadas, en los que han competido de forma desigual, siendo apabullados por una gran superioridad de recursos y una gran cantidad de votos. Aunque ambas motivaciones también conviven en quienes consideran al PLD como el principal obstáculo para derrotar la impunidad y corrupción en el país.

Es evidente que para algunos militantes de Marcha Verde el “antipeledeísmo” es un sentimiento más fuerte que la lucha contra la impunidad y la corrupción, lo que de hacerse una corriente mayoritaria podría desvirtuar su naturaleza original, haciéndola mutar hacia una especie de frente político.  

Algunos partidos minoritarios se han volcado hacia la Marcha Verde con el objetivo de apoyar su lucha y -añadimos nosotros- proyectarse políticamente en una sociedad donde no han podido calar con propuestas propias.

Por otro lado, parecería que el PRM de Luis Abinader, que aporta una cuota significativa de participantes, aunque prácticamente no se involucra en la organización interna, podría estar considerando al Movimiento como una especie de frente de apoyo externo o una base electoral alternativa, en caso de no ser seleccionado como candidato en su partido.

Es natural que una oposición que no muestra una gran eficacia estratégica ni impacto en la población, busque aprovechar las simpatías que el Movimiento Verde ha concitado para sembrar y crecer desde el mismo.

La tensión entre la lucha social y la política, tenderá a agudizarse en la medida en que se aproximen las elecciones del 2020, pudiendo generar conflictos y divisiones internas entre quienes consideran que Marcha Verde debe mantenerse como un movimiento reivindicativo contra la impunidad y la corrupción, y quienes aspiran a que se convierta en un pedestal para catapultar candidatos electorales.

Combinar presión con resultados
Para la consecución de los objetivos de la Marcha Verde parece haber dos opciones principales. Por un lado, la presión ciudadana y, por otro, la combinación de presión con negociación. La escogencia de una de ambas opciones, debería estar en función de cuál contribuiría mejor a viabilizar los objetivos del Movimiento.

La presión tiende a ser efectiva cuando posee una gran potencia generada por la participación entusiasta y progresiva de una ciudadanía comprometida y cuando la misma impacta asuntos sensibles y de importancia política del contrario. Lo que no ha sucedido en el país ni se avizora en el futuro inmediato, salvo que surjan grandes acontecimientos imprevistos.

Hay que tener en cuenta que presionar sin resultados específicos ni fortalezas crecientes, tiende a desgastar, desmotivar y distanciar. Más cuando la participación entusiasta y progresiva no está garantizada en un país que ha venido avanzando en estos temas, pero que tradicionalmente ha mostrado una gran tolerancia con la impunidad y la corrupción, y donde no existe un descalabro económico, político o institucional, que sirva de caldo de cultivo para atizar todo tipo de protesta y movilización.

Tampoco cuenta el Movimiento con grandes líderes que generen la confianza y el atractivo suficiente para poder conducir un segmento importante de la población en una lucha intensa por largo tiempo.

Pero, a pesar de lo anterior, la presión con negociación es rechazada por muchos militantes que entienden que no se debe pactar con quienes consideran la causa fundamental de los males.

Sin embargo, hay una realidad que no se puede soslayar, y es que el PLD y el Gobierno controlan actualmente la mayoría de los poderes nacionales y, salvo que se modifique la actual correlación de fuerzas, se tendrá que contar con este partido para introducir mejoras institucionales que permitan minimizar la impunidad y la corrupción en el país.

Breve comparación de la Marcha Verde con movimientos sociales exitosos
En el pasado reciente se destacan al menos tres referencias de luchas sociales exitosas: la del 4% del PIB para la educación, la de la cementera de Los Haitises y la de Loma Miranda, de las que abordaremos dos características importantes.

La primera, es que cada uno de esos tres movimientos tenía un objetivo específico claramente definido: destinar el 4% del PIB a la educación básica y media del país, en el primer caso, y que el Gobierno intercediera para paralizar las acciones de dos empresas que causarían grandes daños ambientales, en los dos últimos. Además, el logro de esos objetivos era completamente identificable y verificable. 

De su lado, Marcha Verde enarbola un objetivo amplio y abierto (el fin de la impunidad), el cual es muy general, poco enfocado y que tiene múltiples implicaciones, por lo que no puede lograrse a partir de una acción específica del Poder Ejecutivo, de otra instancia del Estado y mucho menos de algún actor de la sociedad o del Sector Privado. Así mismo, debido a la amplia complejidad del objetivo, tampoco es posible que se alcance de manera explícita en un momento determinado y más bien, se irá concretando con la suma de resultados parciales y progresivos a largo del tiempo.

Si bien la Marcha Verde ha realizado algunos planteamientos específicos, estos han sido de carácter puntual y responden principalmente al caso Odebretch, cuya resolución legal condenatoria dejará un precedente muy importante para la sociedad, pero no solucionará las deficiencias estructurales del sistema en materia de impunidad y corrupción.

La segunda característica es que ninguno de los tres movimientos buscó marginar alguna de las fuerzas políticas nacionales, sino integrarlas lo más posible en un objetivo común.

En el caso de Marcha Verde, se ha hecho un gran énfasis contra el PLD y sus gobiernos, lo que pone a la defensiva y en contra, tanto a su militancia, como a la población que lo respalda. Eso no significa que no haya que hacer señalamientos concretos a personas de ese partido implicados en graves casos de corrupción, pero es un error meterlos a todos en un mismo paquete, incubando anticuerpos y rechazos contra el Movimiento por parte de una amplia franja de la población. El futuro es un espacio común de diversidades interrelacionadas, que pasa por el reconocimiento, la interlocución y negociación entre sujetos y actores diferentes.

Conclusión
La Marcha Verde se encuentra en un punto crucial de definición en que se requieren consideraciones críticas y propositivas, descartando las valoraciones ingenuas y apologéticas que tienden a magnificar su importancia y a minimizar sus riesgos y amenazas.

En la actualidad, la Marcha enfrenta tres riesgos importantes: El primero, consiste en la radicalización de sus propuestas y planteamientos, lo que no se corresponde con las aspiraciones y expectativas de gran parte de la población dominicana. Siendo también los mismos inalcanzables en el escenario actual. El segundo, es convertirse en un frente político electoral o partidario, lo que desvirtuaría su naturaleza y propósito original. El tercero, es quedarse en la presión y las protestas sin resultados tangibles, lo que indudablemente irá desgastando y debilitando el Movimiento.

Finalmente, los militantes de Marcha Verde tienen una gran responsabilidad en sus manos al tener que gestionar y conducir adecuadamente un activo de la sociedad dominicana. En el pasado reciente lograron trocar un carbón en diamante, ahora se espera que no conviertan ese diamante en carbón.