En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.
Los delitos por los cuales se solicita un año de prisión preventiva contra el empresario, están sancionados en los artículos 265, 266, 405, del Código Penal, y el artículo 3 de la Ley 448 de Soborno en el Comercio y la Inversión, en perjuicio del Estado dominicano.
Este sábado, la jueza Ariela Cedano, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste pospuso para el próximo martes, 24 de octubre, el conocimiento de la medida de coerción, a fin de que la defensa de las partes conozcan y estudien el expediente.
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público precisa que el imputado Eddy Santiago Santana Zorrilla es suplidor de la OMSA desde el año 2012, en el inicio de la gestión del ingeniero Manuel Rivas.
El ex director de la OMSA fue enviado a prisión preventiva por un año, como medida de coerción, por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, junto con otros dos implicados, José Antonio Mercado (El Grande) y el coronel de la Policía y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, mientras que está prófugo Argenis Contreras.
Los hechos
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público narra que a final de septiembre del 2017, el empresario Santana Zorrilla se reunió con el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, en el despacho del funcionario, con el fin de plantearle que el abogado Yuniol Ramírez Ferreras había interpuesto un recurso de amparo en contra de la institución y de su director, exigiendo que le sean entregadas documentaciones relativas a licitaciones y compras de distintas empresas de mantenimiento, reparación y ventas de equipos, en base a la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Indica que dentro de las informaciones que solicitaba el abogado a la OMSA y que fueron negadas por dicha institución, estaba la documentación sobre las licitaciones de las empresas suplidoras del Estado Tech Solution E.K.R, y Grupo Martisdom SRL, propiedad de Eddy Santana Zorrilla y Rosary Hernández Santana, esta última sobrina del empresario. En el documento, el Ministerio Público dice que ambas empresas responden al imputado, en atención a sus niveles de inversión en las mismas.
Relata que en la reunión, Rivas y Santana Zorrilla acordaron que el último buscaría la forma de reunirse con el abogado Ramírez Ferreras, para convencerlo, haciendo las diligencias que fueran necesarias a los fines de que retirara la instancia de amparo depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Puntualiza que el empresario quedó en contacto con el coronel Faustino Rosario Díaz, gerente financiero de la OMSA (preso por el caso) para poder coordinar todo lo relacionado con el pago, debido a que el entonces director saldría del país unos días después.
Puntualiza que como consecuencia de esa tarea asignada, Santana Zorrilla se puso en contacto con Leonardo Adames, a fin de saber si conocía a Yuniol, manifestándole que necesitaba conocerle. Agrega que esa gestión resultó positiva, por lo que Leonardo coordinó una reunión con los tres para el 2 de octubre del 2017, en el lobby del Hotel El Embajador. A partir de esa fecha, dice la solicitud de medida de coerción, inician los contactos, reuniones y conversaciones telefónicas entre Eddy y Yuniol.
“En fecha 4 de octubre del 2017, Yuniol Ramírez Ferrreras le externó al señor Eddy Rafael Santana Zorrilla, en una reunión que sostuvieron en el restaurant Cienfuegos, del Hotel Jardines del Embajador, a eso de las 3:00., aproximadamente, que retiraría la demanda si le entregaba la suma de cuatro millones de pesos(…)” , dicen los fiscales en el documento. Según la instancia, dos millones de pesos eran para la supuestas personas que le mandaron a introducir la demanda y dos millones para él y su equipo, y que acordaron hacer de esa manera y fijando fecha del pago para el 6 de octubre del 2017, después de una negociación que inició con el requerimiento de dos millones de pesos y 100,000 dólares.
Conforme a la solicitud de coerción, el 6 de octubre del 2017, Eddy llegó a la estación de combustible Texaco de la avenida Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, del Distrito Nacional, seguido de Argenis Contreras González (prófugo), para reunirse con Yuniol, quien llegó minutos más tarde, a quien, según la instancia, le entregaron un millón de pesos y que acordaron darle los tres restantes tres millones luego de que desistiera de la demanda.
“Todo esto fue observado por Argenis Contreras González, desde su vehículo, nunca enterándose el occiso (Yuniol) de que Argenis se encontraba presente en esa reunión, a quien conocía, puesto que Argenis y Yuniol habían sostenido varios encuentros desde mediados de agosto del año 2017, en las instalaciones del club de profesores de la UASD “, señala el documento.
Pruebas
En la solicitud, depositada el viernes 20 de octubre en el Tribunal de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público presenta como elementos de prueba 42 documentos, 16 testimonios tanto de funcionarios y empleados de la OMSA, como de representantes de las empresas del imputado, un dvd que contiene el video de seguridad, y tres vehículos.
En la solicitud de medida de coerción no interviene la fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, que ha dirigido el caso de los involucrados en el asesinato del abogado Yuniol Ramírez. Está firmada por los fiscales Paula Margarín, Pedro Medina, César Augusto Veloz, Felbelys Rosario, Miguel Collado, Jonathan Pérez , Melbin Romero y Arolin Lemos.
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