José López
Barahona.- El excandidato a síndico en los pasados comicios por este municipio Santa Cruz de Barahona, postulado por el Partido Revolucionario Moderno, Praede Olivero Féliz, consideró que Barahona necesita empleos, inversiones y turismo.
Sin embargo, para el abogado estas inversiones, esos empleos y ese desarrollo del turismo deben fundamentarse en valores que lleven a la comunidad a asumir como suyos esos futuros proyectos.
El abogado y político consideró que la obra pudo hacerse conforme a la ley, porque nadie está “loco” para oponerse a la remodelación del referido hotel y los beneficios que traerá, “pero es inaceptable que se violente la ley, se abuse del poder, se falte a la ética y se cometa corrupción.
Recordó que tiene la experiencia de la venta del hotel Costa Larimar, embargado por el estatal Banco de Reservas y el privado BHD, cuya notaría fue su oficina de abogados tenia la notaria de la operación, en la que participaba Benjamín Batista, exprecandidato a senador y parada por un funcionario gobierno porque dijo que no se podía vender sin darle de 3 a 5 millones de pesos a él, pero que no identificó cuál.
“Ahora se presenta el caso del Hotel Bahoruco, que debió salvar el gobierno, como debió salvar el Costa Larimar en aquel entonces apoyando a sus dueños, como ayudó a los hoteleros de Puerto Plata, pero en Barahona no se podía porque nos tienen como el rabo de la vaca”, dijo.
Cree que la venta del Hotel Barceló Bahoruco Beach, tiene más cuestionamiento porque lo compró Gonzalo Castillo, un ministro con mucha influencia en el gobierno, inmueble que dice adquirió con un préstamo en el Banco de Reservas.
Cuestionó que no se tenga conocimiento si hubo alguna licitación pública de venta de la quebrada infraestructura hotelera, “lo que nos lleva a pensar en la falta de ética gubernamental y en el tráfico de influencia”.
“Este funcionario se cree por encima del bien y del mal, está borracho de poder, enfrenta un alcalde, a un cura, al periódico El Nacional y a la comunidad que le reclama por sus violaciones a la ley”, señaló.
Olivero Féliz, considera que el proyecto denominado “Perla Sur” viola la ley 176-07 que da autoridad a las alcaldías a autorizar el uso de suelo, violación las leyes 305-68 y 64-00 que regulan y prohíben las construcciones a menos de los 60 metros de la costa, sin que se tome en cuenta el impacto ambiental que genera cualquier proyecto
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