SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, dictó este miércoles prisión preventiva de seis meses contra el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Juan Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González; mientras que dispuso un año para el empresario Ángel Rondón Rijo y nueve meses al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al abogado Conrado Pittaluga.
En tanto que César Sánchez y Máximo De Óleo recibieron tres meses de prisión preventiva.
Todos los imputados, exceptuando a Rondón, quien cumplirá la pena en La Victoria, irán a la cárcel de Najayo. A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández, el juez les impuso prisión domiciliaria por nueve meses.
Por su lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria cumplirán presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida.
Todos están acusados por la Procuraduría General de la República de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
Tras declarar buena y válida en cuanto al fondo y a la forma la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, el juez dispuso el desglose del expediente con relación a Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país, y cuya extradición ha sido solicitada por el Ministerio Público. Además, el magistrado Ortega Polanco declaró complejo el caso, tal como había solicitado la Procuraduría. El juez también dio un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público complete la investigación que mantiene abierta sobre el pago de sobornos de parte de la constructora Odebrecht a funcionarios para obtener obras del Estado.
Abogados apelarán
Los abogados del presidente del PRM y del ministro Montás anunciaron que apelarán la decisión.
Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, informó que en contra de su cliente no había ni un solo elemento que justificara su envío a prisión, y que el mismo tiene arraigo para ser dejado en libertad.
Dijo esperar que, por lo menos tres jueces de la corte (Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia) revocarán la decisión del juez Ortega, por considerarla una decisión penosa, lamentable, arbitraria, y que ignora lo que ellos afirman haber demostrado. El jurista cree que el fallo, al mismo tiempo, le da la razón a la arbitrariedad del Ministerio Público.
Mientras que Luz Díaz, abogada de Temístocles Montás calificó la sentencia de abusiva.
“Para nosotros, los abogados del ingeniero Montás, perecería que la persona, el juzgador que tomó la decisión en el día de hoy no fue el mismo que estuvo ayer escuchando todos nuestros argumentos, entendemos nosotros que ha sido una decisión excesiva y se desconecta de lo que es esta medida porque, como ustedes, vieron los elementos no estaban presentes”, dijo.
Siguen Ciudad Nueva
Tras concluir la audiencia, los imputados fueron llevados a la Cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde esperarán los trámites para su traslado a las cárceles que ordenó el juez, un proceso que podría tardar dos días.
Juez rechazó los incidentes
El juez Ortega Polanco también rechazó varios incidentes que sometieron los letrados de la defensa. Entre esos incidentes está el presentado por los abogados de Alfredo Pacheco, encabezados por el abogado Napoleón Estévez, quien solicitó que se rechace la solicitud de prisión preventiva, ya que el imputado goza de inmunidad parlamentaria y no representa peligro de fuga. A ese pedimento se adhirió la defensa de Tommy Galán, representada por el abogado Guarionex Ventura. Otro pedimento fue el de los abogados de César Sánchez, quienes solicitaron al juez la libertad pura y simple, porque el hecho que se le imputa habría prescrito, ya que han pasado más de 10 años.
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