SANTO DOMINGO. El tema del financiamiento de los partidos políticos ha vuelto a provocar la preocupación de diversos sectores políticos y de la sociedad civil para que se establezcan sanciones a quienes reciban dinero ilícito y utilicen de manera irregular los fondos recibidos del Estado, a través de la Junta Central Electoral (JCE).
La preocupación ha sido por la tradicional penetración del narcotráfico en las campañas electorales, y por los escándalos de corrupción internacional.
El jurista Nassef Perdomo argumentó que los partidos políticos son instituciones con un papel constitucionalmente previsto, por lo que deben preservar el financiamiento público.
“De hecho, pienso que sólo deben poder recibir financiamiento público y de sus miembros. Las contribuciones de personas físicas deben tener un tope. Entiendo que las personas morales, (empresas, etc.) no deben poder contribuir directamente a los partidos”, expresó.
Perdomo planteó que deben crearse sistemas de control efectivos que permitan a la Junta Central Electoral limitar el acceso a los partidos a los recursos que tienen reservados por ley si se demuestra que han incurrido en faltas de financiación.
También que se establezcan sanciones para las personas físicas que incurran en estas faltas, tanto del que hace la contribución como de quien la acepta.
Ojo a fondos públicos
Pero el exmiembro de la JCE, Eddy Olivares, entiende que donde más irregularidades se producen es en el uso de los fondos públicos.
Precisó que el artículo 47 de la Ley Electoral 275-97 establece la prohibición a los dirigentes, militantes y relacionados de los partidos, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parta de cualquiera de los poderes del Estado y ayuntamientos, bajo cualquier tipo de modalidad.
“Ahora todo se concentra en el tema del financiamiento de Odebrecht y ha generado toda esta preocupación de la opinión pública”, argumentó.
Para Olivares, no se debe olvidar en lo relativo al tema de los fondos es una violación al financiamiento que ha contaminado todos los procesos electorales, que es el uso de los recursos públicos en la campaña.
Aportes auditados
El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Manolo Pichardo, afirmó que los aportes privados a los partidos deben ser públicos y estar sujetos a informes auditados, igual que los fondos públicos.
Pichardo consideró que el Estado debe financiar a los partidos bajo definición clara de las áreas de inversión del gasto y hacer que la ejecución de éste se corresponda con lo establecido, y de no cumplirse con este requisito deberían haber sanciones económicas específicas que se descontarían de los futuros aportes.
“La Junta debería pagar directamente a las agencias que los partidos contraten para el manejo de la publicidad; cantidad que deberá estar previamente establecida”, indicó.
El abogado Nassef Perdomo señaló que los artículos 47 y 55 de la Ley 275-93 establecen disposiciones contradictorias, ya que mientras que por un lado el artículo 47 parece permitir las contribuciones de empresas a los partidos, el artículo 55 parece prohibirlas.
“Este tipo de contradicciones y la ausencia de consecuencias hacen que las normas sean prácticamente letra muerta. Es necesaria una reforma total del régimen electoral” para eliminar lagunas y contradicciones”, aseveró.
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