SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) advirtió que la reforma a la Seguridad Social propuesta por el Gobierno no toca los aspectos más importantes y apremiantes del Sistema, como son la mejora de los beneficios de salud y la ampliación de la población cubierta, de una manera sostenible.
Además, “suprime radicalmente el derecho que actualmente tienen los trabajadores y empleadores de promover propuestas y objetar aspectos que afecten el Sistema de Seguridad Social”, al indicar que el Estado es el único que tiene capacidad para decidir ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esto “sin importar que el pago a la seguridad social para el régimen contributivo lo realizan en un 100% los trabajadores y empleadores sin ningún subsidio” del estado.
La ADARS indicó que la propuesta no presenta alternativas viables para incluir a los trabajadores independientes en un régimen que considere la naturaleza especial y distinta de sus ingresos, sino que planea incluirlos como si fueran empleados asalariados, lo que afecta el derecho de los afiliados actuales y pone en riesgo el otorgamiento futuro de los beneficios.
Consideró que la reforma de la ley debe centrarse en el afiliado, en la mejora de sus beneficios, en la cobertura universal, en mantener un régimen de seguridad participativo, “fruto del consenso de los diferentes sectores que participan en él, capaz de asegurar y garantizar el equilibrio financiero y el mantenimiento de los derechos y beneficios” de todos los actores.
Adujo que debido a que los cambios que se promueven no fueron producto de estudios o cálculos técnicos, la propuesta “nos hará retroceder unos 15 años para volver al régimen de salud y seguridad social prácticamente inexistente, discriminatorio y excluyente” que había en el país.
Asimismo, la DARS indica que la propuesta otorga responsabilidades “omnipotentes a superintendentes, sin contar con el voto favorable de quienes participan en el mismo, y asigna las mismas responsabilidades a dos superintendencias”, lo que lejos de promover la seguridad jurídica, conlleva a la ruina del sistema actual.
La ADARS aboga a que se genere un espacio de diálogo para llegar a una propuesta que realmente avance el sistema y proteja la mayor conquista en materia de salud de la población.
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