Fiscalía de San Cristóbal decidirá destino del exalcalde Raul Mondesí acusado de falsificación y malversación de fondos

San Cristóbal.- Será mañana viernes que se sabrá la suerte del ex alcalde, Raúl Mondesí Avelino y otros ex funcionarios, acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución a Administrativa (PEPCA) de supuestamente malversar más de 300 millones de pesos y de falsificar documentos para arrendar equipos pesados por millones de pesos.

La PEPCA solicitó prisión preventiva en contra del alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, Raúl Mondesí y garantía económica para los demás ex funcionarios.

El ex pelotero de Grandes Ligas y alcalde, Raúl Mondesí Avelino, además Bienvenido Araujo Japa (ex Secretario General), Pedro Cordero Valverde (Contralor), Antonio de Jesús Ferreira Guzmán (Tesorero Municipal) y Edward Vianelo Guerrero Pontier, están citados para las 9 de la mañana de mañana viernes, en el juzgado de la instrucción segundo nivel del Palacio de Justicia.

El Ministerio Público acusa a Raúl Mondesí y principales funcionarios del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de haber manejado los fondos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.

Además se pudo establecer que confeccionaban documentos falsos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, como en algunos casos relativos a la recogida de basura.

Además a los ex funcionarios se les acusas de presuntamente retener impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley No. 6-86 sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS), retenido a contratos de obras.

El amplio expediente acusatorios indica que se realizaban contratación de bienes, obras y servicios violentando el procedimiento de compras establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Asimismo, se les acusa de realizar pagos sin soportes de los servicios, es decir, sin constancia de que los trabajos se hayan realizado.

Igualmente se determinó que realizaban pagos que excedieron el porcentaje establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, para la distribución de los fondos.

También se les atribuye no realizar declaración jurada de bienes, aun cuando todo funcionario público está obligado por ley a realizar tal declaración.

Se indica que realizaban pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, y personas con vinculación de consanguinidad, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del Cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestaban servicios en la institución edilicia.

La acusación establece también que venta de equipos de transporte (Chatarras) en violación a las leyes y los reglamentos, sin el permiso de la Sala capitular ni de Bienes nacionales por más de diez millones de pesos.

Señala que hicieron uso de personas supuestas para elaborar contratos y cobrar cheques con endosos falsos.

El Ministerio Público requirió en su escrito que los acusados sean enviados a juicio por violación a los artículos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266 del Código Penal dominicano que prevén los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.

Según la pieza acusatoria todas las violaciones están precedidas por las prescripciones de las disposiciones del Decreto No. 319-98 del 25 de agosto de 1998, en sus artículos 1, 2 y 3, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 6-86 crea el fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción, el artículo 62 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social.

También viola el artículo 61 Código Tributario (Ley No. 11-92 del 13 de abril del año 1998); el artículo 16, 17 y 65 párrafo II de la Ley No. 340-06 Sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; artículo 21 Párrafo IV y 60 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; artículos 14 y 17 de la Ley No. 1832-48 de la Dirección General de Bienes Nacionales, los artículos 15, 23, 24, párrafo III y 31 del Reglamento No. 6105-49 sobre Bienes Nacionales, y el artículo 146 de la Constitución de la República, sobre proscripción de la corrupción.

LA FISCALÍA Y POLICÍA NACIONAL TOMARÁM MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Procuraduría Fiscal local y la Policía Nacional, se reunieron para establecer seguridad amplia en el Palacio de Justicia, para evitar desórdenes por parte se seguidores de los ex funcionarios.

El jefe de la Policía Preventiva coronel Ronald Ceballos Nivar, en compañía de otros oficiales realizan un trabajo de supervisión, para en montaje de los servicios de vigilancia en todo el perímetro del Palacio de Justicia.

Para este viernes el Frente Amplio de Lucha Popular tiene previsto una vigilia frente al Palacio de Justicia, para exigir castigo para los ex funcionarios del Ayuntamiento, por el cual la Policía Nacional tomara las medidas pertinente.