Se acercaba el final del mes de marzo y el apresuramiento era obligado. Había que “evitar” a toda costa una situación de “impago” o de cuasi “default” que obligaría al gobierno a realizar un “nuevo acuerdo” con un pool de bancos europeos liderados por Deustch Bank. La “solución”, claro está, además de que compromete financieramente al gobierno dominicano con el sector privado, aumenta aún más la deuda interna, y multiplica insospechadamente los costos de las plantas a carbón de Punta Calina.
De esa forma, se incrementarían los riesgos del mismo, evidenciando que el más grande proyecto en materia energética se encamina a pasos agigantados a una especie de inversión a “fondo perdido”.
Acorralado por la imposibilidad actual del financiamiento brasileño para las plantas a carbón de Punta Catalina, al gobierno dominicano, al parecer, no le ha quedado más alternativa que asumir, desde fondos “propios” frente a los financiadores europeos, toda la responsabilidad de pago de los 200 millones que, como “acuerdo waiver” recibió en diciembre pasado para el pago a suplidores, además de honrar los compromisos de seguro de riesgos que implicaba una transacción, por la que, de la referida cifra, solo se recibieron 118 millones, aproximadamente.
Peor aún, según se dijo a Zdigital, el 29 de marzo pasado formalizan la propuesta ante las autoridades correspondientes, y asumen el compromiso de pago de 140 millones más que debían entregar los brasileños a través del BANDES, conforme lo establece el referido acuerdo, para que de esa manera los bancos europeos desembolsaran, para este mes de abril, los 70 millones de los que habló el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara.
Hay que aclarar que el citado monto de 140 millones de dólares es una partida de los 650 que le corresponde erogar al BANDES como parte del financiamiento de la empresa “ganadora” de la licitación, en este caso Odebrecht, la que, por cierto, hasta el momento no ha aportado un solo peso.
Así las cosas, el gobierno completaría los 210 millones que urgen para reactivar, siempre deficitariamente, los trabajos en Punta Catalina.
De esta forma, lo informado a Z-digital por una fuente vinculada a las negociaciones, difiere totalmente con lo dicho por Bichara, quien “negó que el Gobierno esté obligado a devolver la suma de US$200 millones a un grupo de bancos europeos que participan en el financiamiento de las plantas a carbón de Punta Catalina”.
Pero, ¿de dónde saldrán los recursos que en este caso alcanzan la suma de 340 millones de dólares?. Según la fuente, para obtener los fondos se sacrificaría a los consumidores que pagan -según los datos e informaciones oficiales- el 96% de la energía facturada por las Empresas Distribuidoras, y se dejaría de pagar nuevamente la energía facturada a todos los generadores, incluidos los estatales, ya que según se dijo, los recursos se tomarían de una partida de 700 millones de pesos incluidos, como subsidio en el presupuesto de este 2016 destinado al pago de los generadores de energía.
De ser así, el gobierno sobrecargaría con las altas tarifas al consumidor y afectaría sus compromisos de pago con el sector privado, incluyendo a los generadores, con lo que aumentaría nuevamente la deuda que, a la fecha actual, en el caso de estos últimos, asciende a 147 millones de dólares.
La encrucijada pasa a ser evidente. Se elevaría de nuevo a cifras impagables la deuda con los generadores, se agregan los intereses que se pagan por la misma y, como consecuencia el gobierno se endeuda internamente, en tanto se crean nuevas condiciones para potenciar el peligro de la estabilidad de la prima del dólar, con todo lo que implica para la economía dominicana.
El camino entonces es el de aumentar el endeudamiento interno o, aplicar la sugerente fórmula de “nuevos bonos soberanos” y de esa forma seguir con la inversión a cuestas proyectada en Punta Catalina, “tapando” el hueco impuesto por Brasil por el escandaloso caso de Lava Jato, lo que empuja casi inexorablemente a convertir el proyecto banilejo en “un barril sin fondo”.
Esa perspectiva, según lo informado a este portal, se refuerza en el hecho de que, en la coyuntura actual, el gobierno, para cubrir las obligaciones que debían realizar los brasileños, conforme a lo establecido en los cuestionados acuerdos contractuales que asignaron la construcción de la obra a la empresa Odebrecht, ha pactado, no solo aceptar pagar con fuentes internas el monto completo erogado a suplidores internacionales y a las compañías de seguro de riesgos, sino que se compromete a buscar desde fondos propios u otras vías de endeudamiento, las obligaciones correspondientes a contrapartes, para facilitar nuevas erogaciones del pool de bancos europeos.
Es como si fuera a salir de una encrucijada a otra superior, procurando solo ganar tiempo ante los desafíos de la coyuntura electoral y los riesgos puntuales de la economía dominicana.
Este manejo del gobierno obra contra marea en el caso del financiamiento de Punta Catalina debido a la gravedad de los acontecimientos en Brasil, que han paralizado en lo fundamental a la constructora Odebrecht, y neutralizado casi absolutamente al responsable financiero del contrato, en este caso el BANDES de Brasil.
Mientras, el endeudamiento del gobierno dominicano se multiplica, y el impacto sobre la estabilidad de la economía dominicana y el manejo financiero y contractual de Punta Catalina, crece y amenaza con volverse inmanejable, en un contexto interno difícil y una situación internacional incierta.
Una cosa sí es cierta, el 31 de marzo venció el plazo de la “línea de la muerte”, contemplada en el “documento Waiver” firmado por el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo Amézquita, con el pool de bancos europeos que lidera el Deustche Bank, en el que las autoridades dominicanas acordaron asumir el riesgo de pagar los 200 millones de dólares al pool europeo si no recibía los aportes para el proyecto contratado con Brasil al 31 de marzo pasado, y a superar todos los atrasos en pago a cuenta del proyecto.
Asimismo, el gobierno aceptaba la deducción del monto entregado con base en ese acuerdo Waiver del monto del “Seguro de Riesgo” (unos 82 millones de dólares), en tanto, si no se superaba el retraso brasileño, el gobierno procuraría por cuenta propia la incorporación de los recursos “adelantados” desde sus propias capacidades financieras.
Aparentemente todo ha transcurrido de manera premonitoria. Sin embargo, corresponde al gobierno montarse en la necesaria transparencia que requiere el controvertido negocio de las Plantas de Punta Catalina. Amén.
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