La Unidad de Atención Permanente aplazó este viernes el conocimiento de la medida de coerción contra 12 choferes acusados de haber amenzado con incendiar un autobús donde viajaban 50 niños y sus maestros, porque no contrataron el servicio de transporte con sus sindicatos.
El Ministerio Publico formalizó la acción penal denunciada por los maestros del Colegio Evangélico Episcopal, y alegó que los detenidos violentaron los artículos 265, 266, 303, 303-3, 303-4, del Código Penal Dominicano, modificado por la ley 24-97, Arts. 1 de la Ley 583 sobre Secuestro, Arts. 88, 90 de la Ley 241, sobre vehículos de motor, Art. 3, 12, 14, 15, 45, 396-B y 405, de la Ley 136-03.
En el expendiente del caso el Ministerio Público hizo constar que el martes 28 de abril un grupo de choferes del transporte público de pasajeros, miembros de la Asociación de Choferes de Minibuses de Boca Chica (ASOCHOMBCA), y del Sindicato de Choferes Propietarios de Boca Chica (SICHOPROBOCH), amenazaron con incendiar un autobús con estudiantes y profesores a bordo, quienes salieron del Colegio Evangélico Episcopal, de Andrés, Boca Chica, hacia la Paza de la Cultura, para visitar la Feria Internacional del Libro.
Asimismo, el documento continúa diciendo que en un tono amenazante los sindicalistas vociferaron palabras ofensivas y agresivas a profesores y estudiantes que se encontraban en el autobús y los obligaron a detenerse, advirtiéndoles que si no lo hacían el vehículo sería incendiado con todos dentro.
Además, agrega que el estrés que vivieron los niños produjo a algunos de ellos vómitos y otros problemas de salud.
La jueza Melania de la Cruz, de la Unidad de Atención Permanente, dijo que la medida se conocerá el próximo martes 5 de mayo, a las 9 de la mañana.
Condenan el acto
La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, expresó que no hay razón válida que justifique someter a niños y niñas al terror.
Pidió al jefe de la Policía Nacional y al Ministerio Público otorgar una sanción ejemplar a este hecho "detestable".
De igual forma, el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, solicitó a las autoridades aplicar todo el peso de la ley para condenar a los choferes.
“Esta es una acción que no se debe dejar pasar por alto, pues bajo ningún argumento se justifica que grupos con intereses pecuniarios definidos pongan en peligro la vida de estudiantes y profesores, en defensa de un supuesto derecho que alegan les pertenece”, proclamó Baret.
En ese mismo escenario, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se sumó a las voces que rechazan el acto calificado de "vandálico" contra los niños del Colegio Episcopal Evangélico.
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