LA ACUSACIÓN INCLUYE A SU ESPOSA, A UN HIJO Y A UNA HERMANARamón Cruz Benzán
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó apertura a juicio en contra de José Del Carmen Cruz, su esposa, su hijo y una hermana suya, acusados de cometer adulteración y distribución de medicamentos vencidos, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.
La solicitud de juicio preliminar en contra del también dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) fue presentada por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside el magistrado Román Berroa Hiciano.
En la instancia, el Ministerio Público pide que sean enviados a juicio de fondo la esposa de José del Carmen, Miguelina Martínez Adames, su hijo Marcos José Cruz Martínez, su hermana Ana Luisa Cruz Gómez y Felipe Jesús Santos, para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, calificó el caso como grave, cuya investigación inició a raíz de una denuncia realizada la periodista Nuria Piera, y solicitó que sea conocido en un plazo razonable y que la justicia juegue el rol que le corresponde como órgano imparcial en un Estado democrático.
Sostiene que el acusado adquirió bienes millonarios, entre los que se destacan decenas de inmuebles, vehículos de lujo, locales comerciales, fincas, así como cuentas bancarias que se encuentran secuestradas por el Ministerio Público y que se solicita en la instancia que sean decomisadas en beneficio del Estado Dominicano.
Estable la acusación que el empresario creó un entramado societario integrado por dieciocho empresas, donde este su esposa, hijo y hermana, quienes figuran como accionistas, traían al país medicamentos vencidos o por vencer, luego contrataban de 10 a 15 jornaleros por día para volver a etiquetar esos medicamentos con una etiqueta falsa, colocándoles fechas de caducidad distintas que iban de 2 a 3 años luego de la originalmente establecida.
Señala que producto de estas acciones fraudulentas los acusados estafaron al Estado con cientos de millones de pesos al vender medicamentos en hospitales e instituciones relacionadas con el sector, y que las investigaciones periciales prueban tanto la falsedad de los etiquetados como la adulteración de los productos farmacéuticos.
Aduce que el grupo de implicados puso en peligro la vida de miles de dominicanos con la distribución a nivel nacional de medicamentos adulterados como el Manitol, la Detefacolin, entre otros.
Destaca que el informe técnico que se aporta como prueba y que fue realizado por el órgano rector en el tema, Salud Pública, establece las siguientes irregularidades: almacenes llenos de medicamentos vencidos, falta de higiene, presencia de polvo, ratas, filtraciones en los techos, presencia de moho en la puerta del cuarto frío y ventilación inadecuada para almacenar productos terminados.
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