jueves, 16 de mayo de 2013


Autoridades no ayudaron a 5 de últimas 7 mujeres asesinadas
LAS AMENAZARON DE MUERTE, PIDIERON PROTECCIÓN, PERO NO HUBO RESPUESTA

  • Víctima. Una hermana de la joven Noelba Baptist Otaño, asesinada por su pareja en Los Robles, de Barahona, llora desconsolada sobre el féretro.
Ramón Urbáez
Santo Domingo
Pese a los múltiples mecanismos que se han creado en los últimos años para proteger y defender a la mujer que sufre violencia por parte del marido o pareja, y a las reiteradas quejas y denuncias de las afectadas, cinco de las últimas siete mujeres asesinadas por la violencia machista solicitaron ayuda a las autoridades judiciales en sus jurisdicciones y no recibieron ninguna respuesta.
El feminicidio más reciente se produjo el miércoles en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, y la víctima, Yumilka Torres Suero, una estudiante de 22 años, pese a que en su desesperación acudió varias veces a Policía y la fiscalía de la provincia Santo Domingo, el auxilio no llegó. Fue hallada muerta en una casa del sector Pueblo Nuevo, de Los Alcarrizos.
Entre las últimas víctimas mortales de la violencia machista están Yadhira Lora, asesinada de varios disparos por su esposo Johnny Alejandro Montilla, en el parque Enriquillo, de Villa Francisca. El agresor se suicidó en el acto; en Moca fue asesinada Tania Hernández, de 34 años, por su esposo Dionisio Correa. También se suicidó. Y en Los Robles, Barahona, Noelba Batista, de 28. Todas se habían querellado y pedido protección de las autoridades.
Entre estas agresiones criminales recientes, la única que no se había querellado contra su pareja fue Elizabeth Rodríguez, de 28 años, quien fue apuñalada por su marido William antonio Rosario Sánchez, de  29 años, hace dos días en el barrio de Gualey, de la capital. El marido luego que apuñaló a su pareja se suicidó lanzándose del puente Francisco del Rosario Sánchez. La familia dice que éste creyó que había matado a Elizabeth.
La tragedia ocurrida el martes en Los Alcarrizos, donde la estudiante Yumilka Torres fue asesinada pese a que estuvo junto con su agresor en la Fiscalía de Las Palmas, 24 horas antes, ha causado indignación repulsa entre los vecinos, debido a que todos sabían que era una muerte anunciada. “Yo la maté, vaya a buscarla en la casa 44 de la calle 12”, dijo su asesino por teléfono al padre de la joven, como el que ha cumplido normalmente las amenazas que siempre profirió con tanta impunidad. 
El último pedido de auxilio lo hizo la desventurada Yumilka dos días antes de su asesinato en la oficina del fiscal de Las Palmas, y delante de su victimario, Rafael Valenzuela Pérez, un vigilante privado con quien la mujer había procreado un niño y éste se negaba a darle la manutención. La fiscal los citó y allí mismo, delante de la magistrada, el hombre entró en cólera, la amenazó de muerte. Pese a su carácter violento y al historial de maltratos, la autoridad se mantuvo indiferente, no actuó como tantas veces.
El padre de Yamilka, Pablo David Piña, dijo que su hija y Rafael se habían separado debido a los maltratos que éste le daba, y que siempre se negó a pagar la manutención de un niño que ya cumplió un año y ocho meses. “El lunes, delante de la magistrada fiscal, que los citó a su oficina de Las Palmas, él se encolerizó, se puso muy violento y juró que la mataría, pero no se tomó ninguna medida”, dijo el padre.
La familia de la joven dice que no se explica que el ministerio público cite a una mujer víctima de abuso para que concilie con el hombre que amenaza con matarla, lo repite delante de la fiscal, y dos días después termina cometiendo el crimen. 
Pidieron al procurador  Francisco Domínguez Brito, que investigue el caso para que se corrija falla por la que no pudo evitarse la muerte de la estudiante Torres Suero.
Según las últimas estadísticas de la Procuraduría General de la República, alrededor de 800 denuncias y querellas contra esposos violentos se reciben semanalmente en las fiscalías del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, siendo atendidos la mayoría de los casos. Sin embargo, los números de víctimas mortales que se han querellado sobrepasan el 65% en ambas jurisdicciones.  

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