Domínguez Brito condena en Polonia supuestos abusos sexuales del padre Gil

EFE

Los procuradores generales de República Dominicana y Polonia, Francisco Domínguez Brito y Andrzy Seremet, sostuvieron hoy una reunión en la capital de ese país europeo, seguimiento al caso penal que se sigue contra el sacerdote Wojciech Waldemar Gil (padre Alberto Gil), por presunta violación sexual, figurando entre las víctimas, menores de edad dominicanos.

Luego de la reunión, en la que también estuvo presente la procuradora fiscal titular de Santiago, Luisa Liranzo, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa ante los medios polacos y dominicanos, en donde resaltaron la importancia de la colaboración internacional en materia penal entre ambas naciones en el caso de la comunidad de Juncalito, en la provincia de Santiago.

"El motivo de nuestra presencia en esta Procuraduría General de Polonia en representación del Estado dominicano, es ante todo para dar seguimiento al caso penal que se le sigue al sacerdote Wojciech Waldamar Gil, mejor conocido en República Dominicana, como Alberto Gil, por presunta violación sexual a menores de edad en nuestro país, caso que ha consternado a toda la ciudadanía y muy directamente a los munícipes de Juncalito en Santiago de Los Caballeros" explicó Domínguez Brito.

El funcionario calificó los hechos que se le imputan a Gil, como "muy graves por lo tanto, procuramos que tanto por las acusaciones en nuestro país como los casos registrados aquí en Polonia, se pueda obtener una condena ejemplar, de modo tal que no exista la más mínima posibilidad de impunidad".

En ese sentido, Domínguez Brito agradeció de manera muy especial, al procurador general de Polonia, Andrzj Seremet, "quien desde el primer momento ha mostrado disposición y apertura para la colaboración entre ambas naciones, lo que ha hecho posible que estemos hoy aquí, dando estas declaraciones de manera conjunta. La coordinación entre nuestras naciones en materia penal en este caso, fortalece la lucha contra la criminalidad transnacional, presumiblemente formaba parte".

Destacó, además, que desde el inicio del proceso de investigación las autoridades dominicanas y polacas de manera coordinada han trabajado las labores de persecución e imputación de este caso, bajo la modalidad del Principio de Cooperación Jurídica Internacional, consiguiendo durante el desarrollo de las indagatorias suficientes elementos de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del imputado.

Al mismo tiempo, aseguró estar convencido de que las víctimas producto del abuso sexual, residentes en la comunidad de Juncalito, provincia Santiago, donde el imputado ejercía su misión sacerdotal, están bien representadas por los abogados procuradores Radoslaw Domalerowski y Marta Chmielewska asignados por el Estado polaco, con quienes el pasado sábado, el Procurador General Dominicano junto a la delegación que le acompaña, sostuvo una reunión.

Expresó que "este caso ha marcado a toda la sociedad dominicana, sobre todo, de manera muy especial a la comunidad de Juncalito, en donde todavía, dijo, trabajan muy de cerca en el soporte psicológico y seguimiento a los jóvenes que resultaron afectados directamente con el presunto abuso sexual de Gil y a la comunidad que veía en este sacerdote su guía espiritual, en tal sentido el Estado dominicano confía en que hechos tan atroces como este, en donde se han vulnerado a nuestro niños, no quede impune".

De su lado, el procurador general de Polonia Andrzy Seremet, aseguró que gracias a las investigaciones, el trabajo y respuesta oportuna del Ministerio Público dominicano, ha sido posible obtener un presupuesto probatorio que fortalezca la acusación, y que esperan que a finales de enero del 2015, los tribunales puedan fijar el inicio de la audiencia.

Andrzy Seremet informó que atendiendo a un pedido de su homólogo dominicano, ambas naciones contemplan realizar un memorándum de entendimiento bilateral, que permita trabajar de manera conjunta de en futuros casos, considerando el aumento de ciudadanos polacos que visitan la República Dominicana, que permita perseguir los delitos que pudieran cometer y viceversa.